Un tercio de las infraestructuras 5G en España continúa bajo control de la empresa china Huawei, a pesar de que han pasado ya 43 meses desde que se aprobó la ley de ciberseguridad. Esta norma, impulsada para proteger las redes nacionales frente a compañías vinculadas a gobiernos ajenos a la Unión Europea y a la OTAN, ha demostrado ser un fracaso. Ni el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha frenado la dependencia tecnológica de Pekín ni las operadoras han dado pasos firmes para reducir su exposición. Todo ello, en un contexto de constantes advertencias desde Bruselas para dejar de depender de proveedores considerados de “alto riesgo”.
Según confirma The Objective, las tres grandes operadoras —Telefónica, MasOrange y Vodafone— mantienen distintos grados de colaboración con Huawei y, por ahora, ninguna se plantea expulsarla de sus redes 5G. El motivo principal es la falta de voluntad del Gobierno para vetar explícitamente a las tecnológicas chinas y el alto coste que supondría reemplazar los equipos de su infraestructura digital.
Telefónica firmó en diciembre de 2024 la renovación de su contrato con Huawei para gestionar el núcleo de la red 5G destinada a los usuarios particulares hasta 2030. Se trata de un acuerdo de gran relevancia económica, aunque no afecta al ámbito corporativo ni al de las administraciones públicas, donde la finlandesa Nokia opera el core principal. No obstante, la compañía presidida por Marc Murtra mantiene al fabricante chino en sus redes de Alemania y Brasil, dos mercados estratégicos para el grupo.
Por su parte, MasOrange —el operador con más clientes móviles en España— sigue dependiendo de Huawei para al menos el 50% de su red 5G. Aunque ha encargado a Ericsson la modernización de parte de su infraestructura y a Nokia la sustitución progresiva de los equipos chinos, prevé que la transición no culmine hasta 2028. En mayo, además, la compañía anunció la puesta en marcha de una red 5G Advanced junto a Huawei, un paso intermedio hacia el 6G. Parte de su red también utiliza equipos de ZTE, otra tecnológica china señalada por la UE.
Vodafone es la más expuesta: casi el 70% de su red de radio depende de Huawei, mientras el 30% restante recae en Ericsson. Además, mantiene acuerdos con el gigante chino para presentarse a licitaciones públicas.
La dependencia de Huawei no es nueva. Desde que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, situó a la compañía en el punto de mira en 2019, las operadoras europeas prometieron eliminar gradualmente su presencia. Telefónica, Orange y Vodafone hicieron ese mismo compromiso, respaldado en España por la ley de ciberseguridad 5G impulsada entonces por la ministra Nadia Calviño.
Pese a ello, el peso de Huawei sigue siendo notable: el 32% de las redes españolas de 5G dependen del fabricante chino, el triple que en Francia, según un informe de Strand Consult publicado en junio. Bruselas observa con preocupación estos datos, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania, que elevó el nivel de alerta frente a la influencia tecnológica de países no alineados con la UE.
El Gobierno de Sánchez, sin embargo, ha optado por mirar hacia otro lado. En 2022, tras el estallido de la guerra en Ucrania, el plan inicial era incluir a Huawei y ZTE en una lista de proveedores de alto riesgo, pero esa lista nunca se publicó. Con el paso del tiempo, el discurso oficial cambió: en 2023, Calviño aseguró que la medida “ya no era prioritaria” porque el simple debate había tenido “efecto disuasorio”.
En la práctica, ese supuesto “efecto” ha resultado nulo. Las compañías han reducido parcialmente su dependencia, pero sin prisa ni determinación. Algunas incluso han renovado sus contratos con Huawei, convencidas de que España nunca llegará a vetarla como exige la Unión Europea. Se ha optado, por tanto, por un reemplazo lento, menos costoso y sin compromisos reales con la seguridad.
La situación podría cambiar en los próximos meses. La Comisión Europea estudia vías legales para obligar a los Estados miembros a expulsar a Huawei y ZTE de sus redes, mediante la incorporación del llamado toolbox de seguridad 5G —actualmente voluntario— en la próxima revisión de la Ley de Ciberseguridad de la UE.
Si Bruselas da ese paso, España tendría que publicar la lista de proveedores de alto riesgo y forzar la salida inmediata de las tecnológicas chinas. Las operadoras deberían renovar de urgencia sus equipos y podrían requerir ayudas públicas para hacerlo. Pero por ahora, ni el Gobierno ni las telecos parecen dispuestos a tocar el statu quo que mantiene a Huawei en el corazón del 5G español.