El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que solicitar autorización a los servicios secretos de Marruecos para entregar a la Justicia española las comunicaciones que mantuvieron con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante la invasión migratoria de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio.

Según revela El Español, el Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta de Félix Bolaños y Margarita Robles, la desclasificación de ocho informes del CNI y cinco comunicaciones remitidas a la inteligencia marroquí. Sin embargo, las respuestas de Rabat continúan fuera del alcance de la magistrada María Tardón, que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de inmigrantes ilegales en territorio español.

El Ejecutivo también ha autorizado a dos agentes del CNI a declarar como testigos ante la juez, aunque sus comparecencias estarán sujetas a restricciones para proteger información considerada sensible para la seguridad nacional.

España necesita el consentimiento de Marruecos para entregar sus comunicaciones

La decisión afecta especialmente a los intercambios mantenidos con la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), los dos principales organismos de inteligencia de Marruecos.

El Gobierno ha levantado las partes ocultas de una comunicación enviada por el CNI el 29 de julio, en la que los agentes españoles alertaban de las convocatorias difundidas para entrar masivamente en Ceuta. También ha desclasificado otras cuatro notas remitidas a Marruecos durante agosto y septiembre. No obstante, las respuestas enviadas por los servicios marroquíes no podrán incorporarse por ahora al procedimiento judicial sin el consentimiento de Rabat.

El Ejecutivo justifica esta limitación mediante la denominada third party rule, una norma de cooperación entre servicios de inteligencia que impide transmitir información confidencial a terceros sin autorización de quien la proporcionó. El CNI solicitó formalmente ese permiso a Marruecos el pasado 30 de octubre. En el acuerdo gubernamental no consta que las autoridades marroquíes hayan respondido.

La juez quiere saber quién conocía los avisos antes de la entrada masiva

La magistrada María Tardón había considerado insuficiente la documentación entregada inicialmente por el CNI y reclamó el pasado 27 de octubre nuevos informes para determinar qué autoridades españolas fueron advertidas de la entrada masiva y qué decisiones adoptaron antes de los acontecimientos.

La investigación también pretende esclarecer la actuación de las autoridades marroquíes durante la crisis fronteriza. Además de los ocho informes desclasificados, el Gobierno proporcionará a la juez la relación de autoridades españolas que recibieron las alertas del CNI antes del 30 de julio.

Por otra parte, el Ejecutivo ha rechazado publicar íntegramente un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), elaborado el 4 de agosto, al considerar que contiene datos sobre herramientas operativas y procedimientos de ciberinteligencia cuya divulgación podría comprometer la defensa nacional. La desclasificación será, por tanto, parcial.

La investigación judicial continúa abierta para determinar si existieron responsabilidades en una crisis que el propio Pedro Sánchez calificó como una «violación de la integridad territorial de España». Mientras tanto, el acceso a una parte de las comunicaciones que podrían ayudar a esclarecer lo sucedido sigue condicionado al consentimiento de los servicios secretos marroquíes.