El Gobierno vuelve a agitar el mercado del alquiler y estudia imponer penalizaciones fiscales a los propietarios que suban el precio de los nuevos contratos, una medida que amenaza con provocar un nuevo terremoto en el sector inmobiliario. La iniciativa, cuyo encaje técnico negocian en estos momentos los Ministerios de Vivienda y Hacienda, busca desbloquear las bonificaciones del 100% en el IRPF prometidas a los caseros que bajen las rentas, anunciadas por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado mes de enero.
La propuesta, adelantada por El País llega en un contexto de fuerte división dentro del bloque de investidura. Los socios de Sánchez —Sumar, ERC y Podemos— rechazan los incentivos fiscales y apuestan por una intervención directa del mercado, con la congelación obligatoria de los contratos de alquiler.
Desde el Ministerio de Vivienda reconocen que la medida está sobre la mesa, aunque rebajan su alcance. «No hay nada cerrado», señalan, antes de añadir que «es una propuesta que se está trabajando y va en la línea de lo que siempre defiende el Gobierno».
Según estas mismas fuentes, el plan combinaría bonificaciones fiscales de hasta el 100% para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler con incrementos en el IRPF para quienes lo incrementen en los nuevos contratos. En concreto, se plantea modular la deducción general del 50% de las rentas en el IRPF para aquellos caseros que suban precios, sin llegar en ningún caso al 0%.
La nueva iniciativa choca con el esquema de incentivos fiscales previsto en la ley de Vivienda para zonas tensionadas, donde la bonificación máxima en el IRPF alcanza el 90% si el propietario baja el alquiler. La mínima, del 50%, podría ahora reducirse aún más si el Ejecutivo decide castigar fiscalmente las subidas, lo que amenaza con generar mayor inseguridad jurídica y retraer todavía más la oferta de vivienda en alquiler.