El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que trabajadores suministrados por Palco, una empresa estatal cubana, acceden a documentación y sistemas informáticos del Consulado General de España en La Habana, donde se tramitan solicitudes de nacionalidad vinculadas a la denominada ley de nietos.

Según publica Vozpópuli, la admisión figura en una respuesta parlamentaria del 23 de septiembre a preguntas del diputado popular Pedro Muñoz Abrines. El Ejecutivo sostiene que los permisos responden a las necesidades del servicio, pero no precisa qué información pueden consultar ni el alcance de esos accesos.

Sin cláusulas específicas de confidencialidad

El contrato analizado por el periódico no contiene disposiciones específicas sobre confidencialidad y protección de datos personales. Exteriores afirma, sin embargo, que los empleados están sujetos a esas obligaciones y a la normativa de seguridad de la información.

También asegura que desempeñan tareas administrativas, técnicas y auxiliares bajo supervisión española, sin intervenir en las decisiones sobre expedientes de registro civil, pasaportes o visados. La ausencia de cláusulas expresas no demuestra por sí sola un incumplimiento legal, aunque la respuesta no identifica los instrumentos adicionales que respaldan las garantías invocadas.

Más de un millón de euros para proporcionar personal

Como ya informó LA GACETA, el consulado firmó el 1 de enero de 2025 un contrato de 1.131.295 euros con Palco para incorporar a 88 trabajadores. La contratación buscaba reforzar la gestión ante la acumulación de peticiones de nacionalidad en Cuba.

El acuerdo suscitó críticas de la Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo (ADEM), que cuestionó que una representación española recurriera a una compañía del Estado cubano para obtener personal. La asociación denunció que esta intermediación permite al régimen recibir ingresos por los empleados destinados a la oficina consular.

El sistema cubano obliga a canalizar la contratación local de organismos extranjeros mediante entidades autorizadas. Estas reciben los pagos de las organizaciones contratantes, mientras los trabajadores perciben una parte del importe.

Los procedimientos de nacionalidad requieren documentación personal y familiar, incluidos certificados de nacimiento, matrimonio o defunción de los ascendientes. La verificación de esos documentos y la supervisión de los expedientes han sido precisamente dos de las cuestiones sobre las que las asociaciones de descendientes han reclamado mayores garantías.