El Ejecutivo ha activado el traslado de 671 menores inmigrantes no acompañados desde Canarias hacia la Península, en aplicación del Real Decreto 658/2025 aprobado tras la declaración de contingencia migratoria extraordinaria.

La medida, tramitada por la Delegación del Gobierno en Canarias, forma parte del mecanismo de redistribución diseñado por el Gobierno para aliviar la presión en el archipiélago, convertido en uno de los principales puntos de entrada de la inmigración ilegal hacia España.

Según la normativa, una vez notificada la resolución de traslado, la Comunidad Autónoma de Canarias dispone de un máximo de cinco días naturales para ejecutar el desplazamiento del menor a la comunidad autónoma de destino.

A estos 671 expedientes se suman otros 298 archivados por haber alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento o por informe negativo del Ministerio Fiscal.

El Gobierno justifica la medida en la protección del «interés superior del menor». Sin embargo, el mecanismo consolida un modelo que convierte el reparto interno en respuesta estructural a una crisis que no deja de crecer. En lugar de reforzar el control fronterizo o disuadir las salidas desde África, el Ejecutivo opta por distribuir la presión migratoria entre comunidades autónomas, trasladando el problema en vez de resolverlo.

Canarias ha soportado en los últimos años un flujo constante de llegadas que ha tensionado recursos públicos, centros de acogida y servicios sociales. La redistribución, lejos de frenar el efecto llamada, envía el mensaje de que el sistema absorberá nuevas entradas mediante un reparto territorial.