El Gobierno vuelve a recurrir al subsidio masivo con dinero público para sostener su agenda climática. El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado una nueva línea de ayudas por valor de 355 millones de euros para impulsar la llamada cadena de valor de las «tecnologías limpias», en una segunda convocatoria del programa Renoval gestionada por el IDAE y financiada con fondos europeos Next Generation.
El plan, anunciado por el departamento dirigido por Sara Aagesen, se alinea con el Pacto por una Industria Limpia de la Comisión Europea y amplía el abanico de sectores subvencionables: fotovoltaica, eólica, hidrógeno, biogás, baterías, bombas de calor, eficiencia energética y otras tecnologías asociadas a la descarbonización. Todo ello bajo el argumento de reforzar la competitividad, garantizar la seguridad energética y transformar el modelo industrial español.
Sin embargo, el esquema vuelve a evidenciar la dependencia estructural del sector «verde» del dinero público. El 73% de estas ayudas se canaliza hacia grandes proyectos de más de 30 millones de euros, con subvenciones que pueden alcanzar hasta 150 millones por proyecto, e incluso 350 millones en determinadas zonas, en un contexto de deuda récord, presión fiscal creciente y falta de inversión en la industria productiva tradicional.
Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y cubrirán la creación de nuevas plantas industriales, la ampliación de centros existentes o la reconversión de líneas de producción. La intensidad general será del 15% de los costes, con incrementos para pymes y territorios considerados prioritarios por Bruselas. Los beneficiarios podrán recibir anticipos y compatibilizar estas subvenciones con otros fondos europeos, siempre que no se dupliquen los costes.
El programa vuelve a cargar sobre el contribuyente el riesgo empresarial de tecnologías que aún no son competitivas por sí mismas, como el hidrógeno «verde», mientras sectores estratégicos como la industria electrointensiva, la automoción tradicional o la agricultura continúan sufriendo costes energéticos elevados, inseguridad regulatoria y pérdida de competitividad frente a terceros países.
Además, el Ministerio reconoce que los proyectos serán evaluados no sólo por criterios económicos, sino también por criterios ideológicos como la reducción de la huella de carbono, la alineación social o los objetivos ambientales, reforzando un modelo de planificación política de la economía en detrimento del mercado y de la rentabilidad real.
La convocatoria, cuyo plazo se abrirá entre enero y febrero de 2026, se suma a una larga lista de programas financiados con fondos europeos que no han logrado revertir la debilidad industrial de España, pero sí han consolidado una industria subvencionada, dependiente de Bruselas y del BOE, mientras el tejido productivo nacional sigue perdiendo peso, empleo estable y soberanía económica.
