El 5 de septiembre, la Fiscalía General del Estado plasmó en su memoria anual que se habían detectado anomalías en las pulseras telemáticas antimaltrato, el sistema empleado para controlar la ubicación de los agresores. Según el informe, en varias sedes judiciales —Castellón, Pontevedra, Madrid, Girona, Granada o Tenerife— se constataron múltiples fallos en los nuevos dispositivos y en el traspaso de datos entre proveedores.
Pero el Gobierno lo sabía desde septiembre de 2023, cuando Irene Montero todavía estaba al frente de Igualdad. El contrato, valorado en 35 millones de euros, se adjudicó a la UTE de Vodafone y Securitas Direct tras la retirada de Telefónica, y ya entonces el Ejecutivo había calificado con un 3,6 sobre 10 el plan de transición que debía garantizar la migración de datos. Un documento oficial advertía de un “diseño deficiente”, de una planificación poco detallada y de un plan de contingencias “insuficiente”.
Las consecuencias fueron graves: pérdida de información, absoluciones y sobreseimientos provisionales, lo que se tradujo en una “potencial desprotección de las víctimas”.
La expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, fue aún más contundente: en enero de 2024 advirtió al ministerio de los riesgos tras comprobar que algunas de las nuevas pulseras se habían comprado en AliExpress.
Lejos de asumir responsabilidades, la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, minimizó los hechos al asegurar que solo afectaron al 1% de los casos y que fueron “incidencias técnicas puntuales”. La Fiscalía, por su parte, intentó matizar en un comunicado que se trató de un problema puntual en la migración de datos, aunque reconoció que llegó a afectar a procesos penales.
Sin embargo, los fallos no fueron aislados. El propio Gobierno admitió que el 17 y 18 de julio de 2024 el sistema estuvo caído durante casi 20 horas. En ese tiempo, las víctimas recibieron únicamente avisos de precaución y alarmas sonoras, una muestra del alto riesgo de desprotección al que se vieron expuestas por la gestión negligente del Ministerio de Igualdad.