El Gobierno ha concedido ya más de 822.000 autorizaciones provisionales de residencia y trabajo en apenas diez semanas a través del proceso de regularización extraordinaria, según admitió esta semana la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cifra representa más del 70% de las solicitudes presentadas hasta el cierre del plazo el 30 de junio y constituye la mayor regularización de la historia de España en un tiempo récord. Sólo 11.000 expedientes han recibido resolución firme, es decir, el 1% del total. El resto sigue en trámite con una habilitación provisional que permite residir y trabajar legalmente mientras se resuelve el expediente.

Este volumen masivo de regularizaciones provisionales no ha actuado como un espejo fiel de la inmigración ilegal preexistente. Al contrario, ha introducido un factor multiplicador claro que favorece desproporcionadamente a determinados orígenes. Magrebíes y africanos han resultado, en proporción, entre seis y siete veces más presentes en el proceso que los hispanoamericanos. Mientras el 91% de los inmigrantes que residían de forma ilegal en España a comienzos del año pasado eran de origen hispanoamericano, según estimaciones de Funcas, las solicitudes son mayoritarias en perfiles magrebíes y africanos.

La regularización extraordinaria ha generado un ritmo de admisión a trámite sin precedentes: más de 11.000 solicitudes diarias en los momentos de mayor intensidad. En sólo diez semanas se han concedido 822.000 autorizaciones provisionales que permiten residir y trabajar mientras se instruye el expediente. La distancia entre el 70% que ya tiene habilitación provisional y el 1% que cuenta con resolución firme revela que el Gobierno ha priorizado la velocidad sobre el control exhaustivo. Miles de inmigrantes ilegales han obtenido ya un estatus legal intermedio sin que se haya completado la verificación de antecedentes ni la comprobación de que realmente se encontraban en situación ilegal antes del anuncio.

El anuncio del proceso actuó como un potente !efecto llamada». Portales marroquíes y africanos se llenaron de ofertas de intermediarios que prometían facilitar la regularización a cambio de dinero. En Ceuta y Melilla se registraron intentos de entrada coordinados para acceder al procedimiento. En Barcelona y otras ciudades, colectivos de inmigrantes ilegales organizaron concentraciones ante las oficinas de Extranjería exigiendo la tramitación inmediata de sus solicitudes.

El propio Ministerio reconoce en su balance oficial que una de cada cinco solicitudes —el 20,4%— procede de solicitantes de protección internacional, personas que ya se encontraban en España con estancia legal y que utilizan la vía creada expresamente para pasar del régimen de asilo a un permiso de residencia y trabajo, desistiendo de su solicitud pendiente. Y fuentes gubernamentales admiten que la previsión inicial de 500.000 beneficiarios quedó «desbordada por la realidad». Dado que la tasa de denegación del asilo para las principales nacionalidades solicitantes supera el 80%, es verosímil que buena parte de ese trasvase corresponda a expedientes que iban camino de la denegación.

Si la regularización fuera un espejo fiel de la inmigración ilegal existente, cada origen pesaría lo mismo en las solicitudes que en la ilegalidad, pero no ocurre así. Los hispanoamericanos son el 91% de los inmigrantes ilegales, según el stock que reveló Funcas, pero sólo el 67% de las solicitudes; África, con apenas el 5,4% de la ilegalidad real, firma el 22,9% de las peticiones, y Marruecos solo, con un 2,5%, alcanza el 13,3%, según los datos del propio Gobierno. Basta dividir un porcentaje entre el otro para medir el desajuste: el hispanoamericano se queda en un índice de 0,74 —aparece en el proceso por debajo de su presencia real—, mientras África multiplica su peso por 4,3, Asia por 4,6 (empujada por los paquistaníes) y Marruecos por 5,4, con Senegal en el extremo del desajuste (7,5). Es decir, el colectivo africano está casi seis veces más sobrerrepresentado en el proceso que el hispanoamericano, y el marroquí, en torno a siete.

En términos absolutos, el 13,3% marroquí equivale a unas 156.000 solicitudes frente a los 20.693 ilegales marroquíes que Funcas estimaba —más de siete peticiones por cada marroquí sin papeles—, mientras que entre los hispanoamericanos la relación es de casi uno a uno. Ese desfase sólo admite dos lecturas, y ninguna es cómoda para el Gobierno: o la ilegalidad africana y magrebí se multiplicó en los dieciocho meses que separan la foto de Funcas (enero de 2025) del cierre del plazo (junio de 2026) —el «efecto llamada» en estado puro, con los desplazamientos desde países europeos más restrictivos que denunció la Policía—, o una parte sustancial de esas solicitudes no correspondía a residentes reales, sino a llegadas atraídas por el anuncio y a fraude documental para simular la permanencia exigida.

Este factor multiplicador no responde a proporcionalidad ni a mayor vulnerabilidad, sino a la discrecionalidad administrativa que el sistema conserva en las comisiones de evaluación y a la presión diplomática que países como Marruecos han ejercido históricamente sobre las decisiones migratorias españolas. El resultado es que más de 822.000 inmigrantes ilegales con autorización provisional están ya dentro del sistema, camino de la residencia consolidada, con un reparto de origen claramente favorable a magrebíes y africanos frente a los hispanoamericanos, mayoritarios en la ilegalidad y sin embargo infrarrepresentados. En resumen, la regularización no está resolviendo una situación preexistente, está reconfigurando la composición futura de la inmigración legal en España.