
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, considera factible que el Gobierno pueda aprobar en diciembre el Real Decreto-ley de actualización de las pensiones conforme al IPC, aunque se encuentre en funciones tras la cita electoral del 29 de noviembre, al tiempo que ha expresado su confianza en poder aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de las elecciones.
El Ejecutivo espera poder así paliar la previsible debacle electoral como consecuencia de los muchos asuntos que afectan al PSOE, incluido en las últimas horas el escándalo relacionado con las propiedades inmobiliarias de la actual portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Montse Mínguez.
Respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el ministro Carlos Cuerpo ha indicado que la fecha para su aprobación dependerá de los «trabajos de la comisión de expertos». Ha señalado la conveniencia de acordar y anunciar la subida del SMI antes de la celebración de las elecciones del 29 de noviembre para «reducir la incertidumbre» entre los perceptores de esta renta».
Por otra parte, el titular de Economía ha lanzado un «mensaje de tranquilidad» a los más de nueve millones de pensionistas al subrayar que «la revalorización está garantizada por ley». En este sentido, ha recordado que la subida «está supeditada a la evolución del IPC» de los doce meses previos a noviembre.
Dado que el dato adelantado de inflación de noviembre se publicará el viernes 27 de noviembre -apenas dos días antes de la cita con las urnas-, Cuerpo ha reconocido que «las fechas no juegan a favor» para aprobar el incremento en Consejo de Ministros antes de los comicios.
No obstante, ha remarcado que la intención es poder aprobar esta norma en la primera ventana posible, durante el mes de diciembre, aunque el Gobierno esté en funciones. A su juicio, la actualización de las pensiones cumpliría «perfectamente» los requisitos de urgente necesidad e interés general que justifican la aprobación de un Real Decreto-ley por parte de un Gobierno en funciones.