El Gobierno ha reconocido que utiliza fondos de la Unión Europea para reforzar la red consular y agilizar trámites vinculados, entre otros procedimientos, a las nacionalizaciones por la llamada Ley de Nietos.
Así consta en una respuesta parlamentaria en el Senado, en la que el Ejecutivo admite que las actuaciones relacionadas con infraestructuras de citas y gestión documental se han financiado con cargo a los fondos Next Generation EU, dentro del plan de transformación digital del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
El Gobierno sostiene que el objetivo es «mejorar la eficiencia» y reducir los tiempos de tramitación ante el aumento sostenido de españoles en el exterior y la creciente demanda de servicios consulares.
Más de dos millones y medio de solicitudes por la Ley de Nietos
El proceso de nacionalización amparado en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática ha generado una elevada carga administrativa en la red consular española. Según los datos citados por OKDIARIO, a 30 de abril se habían presentado 2.622.450 solicitudes y se habían aprobado 557.709 expedientes.
Fuentes oficiales difundidas a finales de junio situaban el volumen en más de 2,4 millones de solicitudes, con 544.722 nacionalidades aprobadas y 306.000 personas ya inscritas como españolas.
La mayor parte de los trámites se concentra en oficinas consulares de países iberoamericanos, donde residen numerosos descendientes de españoles que pueden acogerse a esta vía de acceso a la nacionalidad.
El Gobierno no concreta el coste
El Ejecutivo afirma que no existe «un único dato consolidado, homogéneo y cerrado» del coste total acumulado exclusivamente imputable a la Ley de Nietos. Exteriores sostiene que los refuerzos se han llevado a cabo mediante reorganización interna, redistribución de efectivos, contrataciones temporales y digitalización de servicios.
El plan de transformación digital del Ministerio fue presupuestado en 2021 y financiado con fondos europeos por un importe de 115 millones de euros. Según el Gobierno, la inversión se canaliza mediante suministro de equipamiento, desarrollo de nuevos sistemas informáticos, nueva sede electrónica y una carpeta consular para el ciudadano.
El Ejecutivo añade que, por la forma en que se han desarrollado estas actuaciones, no es posible aislar un coste único atribuible exclusivamente a los expedientes derivados de la Ley de Memoria Democrática.
Refuerzo progresivo de la red consular
En su respuesta, el Gobierno señala que el Ministerio de Exteriores trabaja en un proceso continuo de adaptación de la red consular para responder al incremento de la demanda. Ese refuerzo se realiza con especial atención a los consulados con mayor carga de trabajo, mediante medidas de reorganización interna y mejora de los sistemas de gestión documental.
El Ejecutivo niega que se hayan realizado obras de adaptación de inmuebles fundamentadas en necesidades de espacio derivadas de este proceso. También sostiene que no se ha producido un incremento estructural de gastos de personal, sino incrementos puntuales cubiertos mediante contrataciones temporales y recursos propios del Ministerio.
La instrucción que amplió el alcance práctico
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, abrió una vía de acceso a la nacionalidad para descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a ella en determinados supuestos.
Una instrucción posterior de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública concretó la aplicación práctica de la norma y amplió el alcance administrativo del procedimiento.
Esa interpretación ha permitido que puedan acogerse no sólo hijos y nietos, sino también descendientes más lejanos en determinados casos, lo que ha incrementado notablemente el volumen de solicitudes ante los consulados.
