El Gobierno ha pasado de intentar frenar al juez Juan Carlos Peinado a utilizar sus propias resoluciones como parte del discurso político de Moncloa. Tras meses de quejas formales y presiones verbales contra el magistrado que investiga a Begoña Gómez, el Ejecutivo ha optado ahora por instrumentalizar la instrucción con el objetivo de presentarla como una campaña de «lawfare» y victimización contra el presidente del Gobierno.

Los intentos iniciales de paralizar a Peinado fracasaron. Las quejas ante el Consejo General del Poder Judicial no surtieron efecto, y aun si prosperaran, el procedimiento se prolongaría tanto que nunca se resolvería antes de su jubilación. Máxime cuando el órgano de gobierno de los jueces prorrogó la actividad del instructor del Juzgado número 41 de Madrid hasta los 72 años, es decir, hasta septiembre de 2026.

La frustración que generan los avances de la investigación —que pueden acabar con Gómez sentada ante un jurado popular por malversación— ha llevado a Moncloa a recalcular su estrategia. Ahora se trata de minimizar el impacto de los hallazgos y neutralizar los indicios sólidos que pesan sobre la esposa del presidente, invisibilizando cada paso de la causa y envolviéndolo en el discurso de que «hay jueces que hacen política«.

Fuentes del Gobierno citadas por Abc aseguran que «si algo demuestran los últimos movimientos de Peinado es su intención de humillar públicamente a la mujer del presidente». Con esa premisa, desde Moncloa alimentan el relato de acoso y tratan de dar la vuelta a cada decisión del juez para apuntalar la tesis del «lawfare».

Lo cierto es que la investigación cuenta con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha avalado parte de las diligencias, y con nuevos indicios de la Guardia Civil: la UCO ha constatado que la asesora de Gómez en Moncloa participaba en gestiones vinculadas a la cátedra de la Complutense. Estos avances son los que el Ejecutivo quiere difuminar con el ruido político. «El que crea que lo del sábado no es ‘lawfare’… que baje Dios y lo vea», remarcan en el entorno de Sánchez.

En el Gobierno reconocen además que Peinado «la quiere en el banquillo» y que «no va a cejar en su empeño». Pese a ello, confían en que la Audiencia Provincial, que aún tiene que resolver ocho recursos pendientes, matice el alcance de la instrucción. Paradójicamente, fue esa misma Audiencia la que señaló al magistrado la vía de la malversación.

La tensión ha quedado reflejada también en las últimas decisiones de la propia investigada. La ausencia de Gómez en la vistilla del pasado sábado fue un movimiento calculado, pero arriesgado. En su entorno admiten que se valoró como «una decisión muy meditada», conscientes de que se exponían al reproche de la opinión pública y del propio juez. Esperaban incluso una reacción airada de Peinado, que no llegó.

Desde Moncloa se admite que esta estrategia deja un poso peligroso: proyecta la imagen de un entorno presidencial bajo sospecha y refuerza el mantra de «todos son iguales». Un golpe demoledor para un Gobierno que llegó al poder con una moción de censura contra la corrupción y que hoy ve cómo la instrucción contra la esposa de Sánchez erosiona su credibilidad.