El Gobierno de Pedro Sánchez ha vendido un terreno de 700.000 metros cuadrados de suelo público en Lorca (Murcia) donde había anunciado la construcción de 862 viviendas a precios asequibles. La parcela, perteneciente al Ministerio de Defensa y ubicada en el antiguo Acuartelamiento de Carraclaca, ha sido adjudicada a la sociedad inmobiliaria Ingrafam 2021 SL por 2.051.513 euros, según el resultado de la subasta publicado por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). La operación ha provocado las críticas del alcalde del municipio, Fulgencio Gil, que denuncia la contradicción entre los compromisos del Ejecutivo en materia de vivienda y la venta de estos terrenos a una empresa privada.

La controversia se remonta a mayo de 2023, en plena campaña de las elecciones municipales. Entonces, el alcalde socialista Diego José Mateos anunció que el Gobierno central tenía previsto levantar 862 viviendas protegidas en suelo del Ministerio de Defensa. La iniciativa formaba parte del programa de movilización de terrenos militares para impulsar la construcción de aproximadamente 180.000 viviendas asequibles en toda España. Lorca figuraba entre los municipios que concentrarían un mayor número de actuaciones.

Sin embargo, el proyecto nunca llegó a materializarse. Desde el Ayuntamiento sostienen que la ubicación elegida carecía de las infraestructuras necesarias para desarrollar una promoción residencial de esas dimensiones. Los terrenos no disponían de redes de abastecimiento de agua, suministro eléctrico ni otros servicios urbanísticos imprescindibles. Por este motivo, distintos colectivos locales reclamaron que los recursos previstos se destinaran a construir viviendas para jóvenes en el casco urbano y las pedanías, donde existía una demanda habitacional más inmediata.

Pese a estas objeciones, el Gobierno mantuvo durante un tiempo su compromiso con la operación. Según ha explicado el consistorio a Libre Mercado, en 2025 se presentó una pregunta en el Senado para conocer si el proyecto seguía vigente y el Ejecutivo respondió afirmativamente. No obstante, meses después, los responsables municipales descubrieron que Defensa había iniciado los trámites para desprenderse de la parcela.

La decisión salió a la luz en julio de 2026, cuando el Ayuntamiento localizó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de una subasta sobre una superficie de 688.484 metros cuadrados. El precio inicial rondaba los 1,4 millones de euros. El equipo de Fulgencio Gil asegura que no recibió ninguna comunicación previa y que conoció la operación de manera fortuita al consultar la documentación oficial.

Ante esta situación, el alcalde remitió un escrito al Ministerio de Defensa solicitando la suspensión del procedimiento y la cesión gratuita de los terrenos al municipio. Su intención era recuperar un espacio que durante años había permanecido sin actividad militar y que muchos vecinos utilizaban para pasear, practicar deporte o montar en bicicleta.

La respuesta del departamento ministerial, según el relato del Ayuntamiento, fue ofrecer al consistorio la posibilidad de concurrir a la subasta en las mismas condiciones que los demás interesados. El Gobierno municipal rechazó esta alternativa al considerar inasumible desembolsar aproximadamente 1,4 millones de euros para adquirir un terreno que hasta entonces pertenecía al patrimonio público estatal.

Finalmente, el procedimiento siguió adelante y el pasado 7 de octubre la finca fue adjudicada a Ingrafam 2021 SL por algo más de dos millones de euros. La operación ha reavivado las críticas del PP de Lorca, que considera especialmente contradictorio que el Ejecutivo impulse restricciones contra los grandes inversores inmobiliarios mientras vende a una sociedad privada el suelo donde anteriormente había prometido construir vivienda asequible.

«Hay un grado de cinismo y de hipocresía muy fuerte», han señalado desde el consistorio a Libre Mercado. Los representantes municipales cuestionan que el Gobierno mantenga un discurso contrario a la especulación inmobiliaria y, al mismo tiempo, permita la transmisión de unos terrenos públicos a una empresa del sector. No obstante, la adjudicación a una sociedad inmobiliaria no acredita por sí sola que esta tenga la condición de fondo de inversión o de gran tenedor.

El Ayuntamiento también lamenta la pérdida de un espacio que podría haberse incorporado al patrimonio municipal para futuros equipamientos o proyectos de interés general. La parcela llevaba décadas vinculada al Ministerio de Defensa y había dejado de utilizarse para actividades militares, circunstancia que permitió a numerosos vecinos disfrutar de ella de manera informal.

La venta deja sin materializarse el anuncio de las 862 viviendas asequibles formulado en 2023 y abre interrogantes sobre el destino de los compromisos adquiridos entonces por el Ejecutivo. El Gobierno deberá explicar si contempla una ubicación alternativa para aquella promoción y cómo encaja la enajenación de los terrenos en su estrategia de ampliación del parque residencial asequible.