El Gobierno de Pedro Sánchez vendió por 204,7 millones de euros el complejo administrativo de María de Molina 50, en el barrio de Salamanca de Madrid, a un fondo de inversión. La operación, cerrada en 2024 tras una subasta tramitada en 2023, ha sido cuestionada por aspirantes a la adjudicación y por un empresario que asegura que le exigieron una comisión para poder avanzar en la compra, según publica The Objective.
El inmueble, perteneciente al patrimonio estatal y vinculado al Ministerio de Hacienda, fue adquirido por una empresa que ahora promueve apartamentos de lujo, de acuerdo con la información del diario. La venta contrasta con el discurso del Ejecutivo y sus socios contra los fondos de inversión y con las restricciones que han planteado para su actividad inmobiliaria.
Una comisión para un supuesto «primo de Montero»
La denuncia sobre el supuesto cobro procede de un intermediario dedicado a operaciones con grandes propiedades. Según su testimonio, publicado por The Objective, durante los contactos para adquirir el edificio en 2023 le reclamaron una comisión del 3% destinada a una persona presentada como «un primo de la ministra Montero».
El empresario y su socio sostienen que les sorprendió que alguien ajeno a sus gestiones debiera recibir ese porcentaje sin haber participado en la intermediación ni en la captación de compradores. Ambos acabaron abandonando las conversaciones y no concurrieron a la subasta.
El relato describe una presunta exigencia económica durante aquellas negociaciones. No acredita que el comprador finalmente adjudicatario pagara esa comisión, ni permite dar por probado el parentesco invocado o la participación de la ministra en los hechos denunciados.
Los aspirantes cuestionaron las condiciones de la venta
Por otra parte, participantes en la subasta denunciaron, según el mismo medio, que se habían modificado las condiciones del procedimiento y concedido al comprador facilidades para abonar el precio mediante pagos fraccionados que otros competidores no tuvieron.
La adjudicación fue recurrida ante la Audiencia Nacional por un posible amaño. La presentación del recurso supone que la operación ha sido impugnada, aunque no equivale a una resolución judicial que confirme las irregularidades alegadas.
Las denuncias sitúan bajo escrutinio una venta de más de 200 millones de euros de patrimonio público. A las objeciones sobre las condiciones de adjudicación se suma el testimonio del intermediario, que deberá distinguirse de los hechos que puedan quedar acreditados judicialmente.
