El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero negó hasta en 17 ocasiones que sus ministros hubieran recibido regalos de valor relevante. Lo hizo en 2010, después de que el entonces diputado del PP Rafael Hernando registrara una batería de preguntas parlamentarias para exigir el listado detallado de los obsequios recibidos por el Ejecutivo entre 2007 y 2010 y la identidad de quienes los habían entregado.

Dieciséis años después, aquellas respuestas han cobrado una nueva dimensión política y judicial. La declaración de Zapatero como investigado ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional coincide con la polémica por las joyas atribuidas al expresidente, cuyo valor superaría los 1,3 millones de euros, según las informaciones publicadas.

El Ejecutivo socialista no respondió por escrito a las preguntas del PP. Dejó pasar un año y obligó a que altos cargos de cada ministerio dieran explicaciones de viva voz en las comisiones parlamentarias. La respuesta fue siempre la misma: no había regalos de valor, no había bienes que inventariar y no había obsequios que debieran incorporarse al patrimonio del Estado.

Todos los departamentos se ampararon en el Código de Buen Gobierno aprobado por el propio Ejecutivo de Zapatero en 2005. Esa norma establecía que debían rechazarse los regalos que fueran más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía. También preveía que los obsequios institucionales de mayor significación pasaran al patrimonio público.

La posición coordinada del Gobierno la expresó el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis de Francisco, en nombre de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega: «En el Gobierno no se reciben obsequios que vayan más allá del contexto de los usos habituales, sociales y de cortesía, o que sean de un valor o de una significación relevante que precise de su incorporación a Patrimonio del Estado en los términos previstos en la ley».

Exteriores, Interior, Política Territorial, Igualdad, Industria y el resto de ministerios repitieron el mismo argumento. Ninguno aportó el listado reclamado por Hernando. Ninguno admitió regalos relevantes. Ninguno reconoció obsequios que debieran formar parte del patrimonio estatal.

La contradicción cobra ahora fuerza por el valor de las joyas investigadas, algunas de ellas tasadas en más de 278.000 euros. En 2010, el Gobierno defendía que sólo existían regalos protocolarios. Hoy, el juez Calama deberá preguntar por el origen de unas gemas que sitúan aquella negativa reiterada en el centro del caso.