La propuesta de la Xunta —gobernada por el PP— para actualizar el Plan de Normalización de la Lengua Gallega contiene alrededor de 700 medidas que, entre otros aspectos, contemplan desarrollar un nuevo marco normativo y legislativo que acorrala todavía más el español.

Al respecto, se ha abierto a permitir que cualquier asignatura pueda ser impartida en gallego, lo que ha atado a la «unanimidad» política (con el BNG y el PSOE).

Esto es uno de los aspectos abordados en este documento, que ha sido presentado este miércoles en un acto en Santiago de Compostela, al que han asistido unas 800 personas; entre ellas, el consejero de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos. Según ha trasladado, el propósito del evento era «escenificar la nueva etapa de amor de la sociedad gallega hacia su idioma».

El texto recoge medidas para diferentes sectores, como la administración, donde la Xunta promoverá la ampliación del uso del gallego a través de distintas vías.

El documento (de más de 400 páginas) ya está disponible en la página web de la Xunta y ha sido entregado en el Parlamento. Con este plan, la intención del Gobierno gallego es marcar la «hoja de ruta» de las políticas lingüísticas de la próxima década.

En palabras de López Campos, que intervino en el evento y atendió a los medios al finalizar el acto, el objetivo principal es «llevar el gallego a la sociedad y ser capaces de construir un relato conjunto». Uno de los pasos que dará el Gobierno gallego es impulsar la redacción de una nueva Ley de «normalización lingüística».

Otro ámbito en el que incide es en el fomento del gallego en la administración. En cuanto a la autonómica, el Consejo de la Xunta aprobará unas directrices para el personal funcionario sobre el uso del gallego en todos los planos.

En lo relativo a la justicia, el Gobierno gallego fomentará la mayor presencia del idioma a través de la firma de acuerdos con otras administraciones. Por ejemplo, firmará un convenio con el Tribunal Superior de Justicia (TSXG) para la traducción de sus sentencias y otro con el Ministerio de Justicia para «ampliar la utilización del gallego como lengua normal de trabajo».