Según documentos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los que ha tenido acceso LA GACETA, entre el 1 de mayo y el 31 de julio de este año salieron del CETI de Ceuta hacia la Península un total de 820 inmigrantes ilegales. La cifra equivale a 1,6 veces la capacidad máxima declarada del centro, fijada en 512 plazas. El vaciado se produjo en el trimestre inmediatamente anterior a la entrada masiva del 30 de julio y se suma a la proyección presupuestaria que el propio Gobierno había aprobado en abril para sostener el funcionamiento del recinto incluso en escenario de avalancha.

Los documentos oficiales consultados por este medio desglosan el flujo mes a mes: 306 salidas en mayo, 265 en junio y 249 en julio. En noventa y dos días, el Gobierno movió hacia territorio peninsular un volumen de internados que supera con claridad el tamaño legal del dispositivo de primera acogida.

El perfil es inequívoco. De los 820 inmigrantes ilegales trasladados, 813 son hombres adultos, el 99,15% del total. Solo figuran cinco mujeres adultas y dos menores. Por cada mujer derivada salieron 163 hombres. Las cinco mujeres y los dos menores son de nacionalidad marroquí. Ninguna otra nacionalidad aporta una sola mujer ni un solo menor en todo el trimestre.

Marruecos concentra 430 salidas, el 52,44% del total. Sudán aporta 179, el 21,83%. Entre ambas nacionalidades suman el 74,3% de los traslados. El Magreb en conjunto —Marruecos, Argelia y Túnez— alcanza los 465 inmigrantes ilegales desplazados, el 56,71%. Les siguen Guinea Conakry (71), Chad (38) y Argelia (29). Las cinco primeras nacionalidades absorben el 91,1% del flujo.

La composición no es estática. En mayo salieron 154 marroquíes y 37 sudaneses. En junio, 169 y 40. En julio, 107 y 102. Ese último mes, los nacionales de Sudán casi igualaron a los de Marruecos. El bloque de África occidental y central, que en mayo todavía aportaba 105 salidas —con Guinea Conakry a la cabeza—, queda reducido a un residuo. El relevo dibuja un centro que, en vísperas de la crisis, evacuaba sobre todo varones adultos magrebíes y sudaneses.

El vaciado no puede leerse aislado. En abril del presente año, cuatro meses antes de la ocupación de 727 residentes registrada el 1 de agosto, la Secretaría de Estado de Migraciones había licitado los contratos de víveres y limpieza del CETI con un horizonte hasta 2031 y con cláusulas que contemplaban la sobreocupación, la sobreocupación extrema y un escenario de 1.000 internos. El Gobierno no solo presupuestó el centro para desbordarse; en paralelo, extraía de él y enviaba a la Península un contingente equivalente a más de una vez y media su capacidad legal.

Los documentos no recogen destino autonómico, situación jurídica ni fecha de ingreso. Lo que sí acreditan es el volumen, el sexo y la nacionalidad de quienes salieron. Un dispositivo concebido para 512 plazas derivó a 820 inmigrantes ilegales en tres meses, casi todas ellas hombres adultos, más de la mitad marroquíes, y lo hizo justo antes de que la ciudad autónoma quedara saturada por una nueva oleada de entradas ilegales.

El resultado es una doble operación administrativa. Por un lado, se proyecta gasto y se acepta por contrato que el CETI opere por encima de su techo. Por otro, se vacía el recinto hacia la Península con un ritmo que, en un solo trimestre, equivale a renovar por completo la plantilla de internos y aún sobrarían más de 300 plazas. Quienes salieron no son un flujo familiar ni un perfil residual, son, de forma abrumadora, hombres adultos de Marruecos y Sudán enviados al interior del país en los noventa y dos días previos a la invasión.