Asesores del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) plantearon al menos en dos ocasiones declarar el estado de excepción en Ceuta ante la crisis abierta tras la invasión del pasado 30 de julio. La medida permitiría recurrir a facultades extraordinarias frente a una alteración grave del orden público y, en determinados supuestos, expulsar a extranjeros sin seguir los plazos ordinarios de la Ley de Extranjería. Sin embargo, la propuesta fue descartada en agosto por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños, según publica The Objective.

La opción ni siquiera llegó a las reuniones finales en las que se abordó la respuesta del Ejecutivo. Moncloa terminó decantándose por declarar a Ceuta «situación de interés para la seguridad nacional», una figura contemplada en la Ley de Seguridad Nacional de 2015 que no permite suspender derechos ni concede al Gobierno las facultades extraordinarias asociadas al estado de excepción.

La diferencia resulta especialmente relevante mientras miles de inmigrantes ilegales continúan en la ciudad autónoma. El Gobierno calcula que quedan alrededor de 5.000, mientras que el Ejecutivo ceutí eleva la cifra hasta unos 10.000. Las autoridades están gestionando los retornos a un ritmo aproximado de 50 al día, lo que prolongaría durante meses el proceso.

De hecho, el propio Gobierno ha asumido que la crisis puede extenderse hasta finales de año. La situación de interés para la seguridad nacional aprobada este martes permanecerá vigente al menos hasta el próximo 31 de diciembre.

Una vía para acelerar las expulsiones

Los asesores del DSN que defendieron el estado de excepción consideraban que era la alternativa «más eficaz» para afrontar la situación. La Constitución permite recurrir a esta figura cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten gravemente alterados.

La Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, contempla además una disposición directamente relacionada con la presencia de extranjeros. Su artículo 24 establece que aquellos que se encuentren en España deberán cumplir las normas dictadas durante el estado de excepción y permite acordar su expulsión cuando «actuaren en connivencia con los perturbadores del orden público».

La norma establece excepciones. Si existen indicios de delito, el afectado debe quedar sometido al correspondiente procedimiento judicial. Tampoco podrían ser expulsados por esta vía quienes tengan reconocida la condición de refugiado. Los menores quedan igualmente fuera de esta posibilidad.

Según las fuentes citadas por The Objective, la aplicación de esta herramienta habría permitido ejecutar expulsiones «en cuestión de días» en los casos que cumpliesen los requisitos legales, mediante una justificación sumaria de los motivos por los que la presencia del extranjero estuviera vinculada a la alteración del orden público.

La propuesta, sin embargo, fue frenada antes de alcanzar los principales órganos de decisión. No llegó a las reuniones telemáticas de coordinación celebradas los días 7 y 17 de agosto ni tampoco al Consejo de Seguridad Nacional de este martes. El planteamiento cayó previamente tras pasar por el Ministerio de Presidencia de Bolaños.

Moncloa evita una votación en el Congreso

Declarar el estado de excepción habría obligado además al Gobierno de Pedro Sánchez a acudir al Congreso. El artículo 116 de la Constitución establece que el Ejecutivo sólo puede decretarlo previa autorización de la Cámara Baja y durante un máximo inicial de 30 días, prorrogables por otro periodo igual con una nueva autorización.

Esa vía habría obligado a Sánchez a someter su respuesta a la crisis de Ceuta a una votación parlamentaria en un momento especialmente delicado para su mayoría. Algunos de sus socios han criticado la gestión de la invasión, mientras Junts pretende aprovechar el debate migratorio para presionar al Ejecutivo con el traspaso de competencias en esta materia.

Moncloa optó finalmente por estrenar la figura de situación de interés para la seguridad nacional. El Consejo de Ministros la declaró este martes por primera vez desde la aprobación de la ley en 2015 y creó una «autoridad funcional» encabezada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Bajo esa coordinación estarán los once ministerios implicados, el Gobierno de Ceuta, representantes del CNI y responsables de Seguridad Nacional.

La decisión ha provocado nuevas críticas en la ciudad. Cientos de vecinos protestaron después de conocerse los espacios de acogida incluidos en el borrador del real decreto, entre ellos numerosos centros deportivos. Las autoridades locales reprochan además al Ejecutivo no haber consensuado esas ubicaciones y advierten contra la posibilidad de «convertir toda la ciudad en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)».

Mientras tanto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad denuncian que continúan afrontando la crisis con falta de efectivos y una elevada carga burocrática para tramitar los expedientes. Con el comienzo del curso escolar a pocos días y miles de inmigrantes todavía en Ceuta, el Gobierno ha elegido una respuesta que refuerza la coordinación administrativa, pero ha descartado la herramienta excepcional que sus propios asesores pusieron sobre la mesa para acelerar las expulsiones.