En el Hospital Universitario de Ceuta, los facultativos están siendo amenazados con posibles medidas disciplinarias por facilitar a los medios de comunicación información sobre la situación que atraviesa el centro desde el comienzo de la invasión migratoria del pasado 30 de julio. Fuentes sanitarias citadas por El Debate aseguran que las advertencias proceden de responsables de la gerencia y denuncian un clima de presión entre los profesionales.

Según el testimonio de estas fuentes, durante una de las reuniones matinales celebradas en el hospital, el gerente habría advertido de que, una vez superada la actual situación, se estudiarían expedientes disciplinarios contra quienes hubieran hablado con periodistas. Los médicos aseguran, además, que algunos trabajadores con contratos temporales temen que sus declaraciones puedan afectar a futuras renovaciones.

La situación se produce mientras el hospital soporta una elevada presión asistencial como consecuencia de la emergencia que atraviesa Ceuta. Los profesionales denuncian que llevan semanas trabajando con una importante carga laboral y sostienen que, además de afrontar esa situación, ahora deben hacerlo bajo el temor de sufrir represalias si trasladan públicamente las dificultades existentes dentro del centro.

Parte de las críticas de los facultativos se dirigen contra Jesús Lopera, director territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Ceuta. Una de las fuentes consultadas asegura que Lopera llegó a decir a un médico procedente de Madrid que debía alquilar un piso de su propiedad porque, según este testimonio, él decidía «quién trabaja y quién no en Ceuta».

Lopera cuenta con una larga trayectoria al frente de la Dirección Territorial del Ingesa. Ocupó el cargo entre 2004 y 2011, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, y regresó al puesto en 2018, después de la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

El Ingesa depende directamente del Ministerio de Sanidad y no del Gobierno de la Ciudad Autónoma. La Dirección Territorial de Ceuta es un puesto de libre designación cuya provisión corresponde a la Subsecretaría de Sanidad.

Pese a las supuestas advertencias, los profesionales consultados aseguran que continuarán haciendo pública la situación que viven. Algunos plantean incluso recurrir a los mecanismos de protección del informante y emprender acciones legales si consideran que sufren coacciones o represalias por haber trasladado información a los medios.

El temor es especialmente acusado entre quienes deben renovar periódicamente sus contratos. Una facultativa asegura estar convencida de que sus declaraciones podrían terminar costándole la continuidad en el hospital y afirma que otro compañero ya habría recibido advertencias sobre posibles consecuencias cuando termine la actual invasión.

Las fuentes médicas mantienen así un duro enfrentamiento con la dirección del Hospital Universitario de Ceuta. Mientras el centro continúa sometido a una fuerte presión asistencial, los facultativos reclaman poder denunciar públicamente las carencias que observan sin exponerse, según sostienen, a expedientes, represalias laborales o a la pérdida de sus puestos de trabajo.