El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 113.000 euros a un estudio para denunciar el «incremento del racismo» en España. Sin embargo, y para su sorpresa, han sido los «blancos mediterráneos» los que más han afirmado haber sufrido discriminación, por encima de otros grupos étnicos tradicionalmente considerados vulnerables.
El informe, elaborado por encargo del Ministerio de Igualdad y adjudicado a la consultora Red2red por 108.420 euros, se presentó en marzo en el marco de la Semana Antirracista, un acto que supuso un gasto adicional de 4.499,93 euros. El documento, titulado El impacto del racismo en España, se basa en más de 2.200 entrevistas cara a cara y pretende ofrecer una radiografía precisa de la discriminación por motivos raciales o étnicos en el país.
Pese a que el objetivo inicial era visibilizar las dificultades que enfrentan determinados colectivos racializados, los datos revelan que el grupo que más ha reportado episodios discriminatorios en su trato con la administración pública local es el de personas blancas de origen mediterráneo. Un 33,9% de los encuestados en esta categoría afirmó haber experimentado algún tipo de trato desigual, frente a cifras inferiores registradas entre afrodescendientes iberoamericanos (25,2%), gitanos (22,9%) o personas negras africanas (19,6%).
En términos generales, el 21,3% del total de personas que realizaron trámites ante su Ayuntamiento en el último año señaló haber sufrido algún tipo de discriminación por su origen étnico o racial, lo que representa un incremento respecto a los resultados obtenidos en 2020.
Además, el informe identifica un aumento notable en experiencias específicas de discriminación. Por ejemplo, el porcentaje de personas que dijo haber sido tratada de manera descortés pasó del 4,6% en 2020 al 12,2% en 2024. También creció el número de quienes declararon haber enfrentado más obstáculos que otros para completar trámites (del 5% al 7%), y aquellos que indicaron haber sido ignorados o haber recibido un servicio deficiente por su origen (del 1,8% al 2,9%).
El estudio también destaca que, respecto a la edición anterior realizada en plena pandemia, se han introducido importantes mejoras metodológicas, como el paso de entrevistas telefónicas a presenciales, lo que incrementa la fiabilidad de los datos pero rompe la continuidad comparativa con años anteriores.
Este resultado, en el que el grupo étnico mayoritario aparece como el más discriminado en el trato administrativo local, ha generado desconcierto en algunos sectores del Gobierno, cuya intención era visibilizar el racismo estructural que sufren las minorías. El informe, sin embargo, apunta a una percepción generalizada de trato desigual que atraviesa distintos orígenes y perfiles, desdibujando en parte el enfoque previsto por Igualdad.
