La exministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, adjudicó un total de 11 contratos de obra pública a Sumelzo S.A., una constructora aragonesa vinculada a la familia de la actual secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, dentro de un conjunto de adjudicaciones que alcanzan los 16 millones de euros desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, tal y como avanza The Objective.

La mayor parte de estos contratos fueron concedidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo dependiente del Ministerio dirigido entonces por Ribera. En total, de las 16 adjudicaciones vinculadas a Sumelzo desde 2019, once proceden de este ente público encargado de la gestión de infraestructuras hidráulicas en Aragón y Navarra.

El primer encargo formalizado se cerró el 14 de noviembre de 2019, apenas cuatro días después de las elecciones generales. Esa fecha ha adquirido relevancia en el contexto de las investigaciones que desarrolla la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dentro del caso Koldo, en el que se analizan presuntas irregularidades en la tramitación de obras y permisos administrativos.

La UCO sitúa bajo el foco a la constructora después de haber detectado un pago de 12.100 euros destinado a Servinabar, empresa presuntamente utilizada por Santos Cerdán para canalizar comisiones a cambio de influir en la concesión de contratos públicos. Esa conexión ha llevado a los investigadores a profundizar en el rastro de adjudicaciones y flujos económicos vinculados al entorno del PSOE.

En una serie de audios interceptados a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, este aseguraba que “cumpliría lo prometido” y que determinadas licencias y autorizaciones dependientes del departamento de Ribera acabarían saliendo adelante. En esas grabaciones se menciona que el mantenimiento de cargos clave en el Ministerio tras las elecciones facilitaba el avance de esos expedientes.

En uno de esos mensajes de voz, Koldo afirmaba que las autorizaciones en Navarra y Aragón ya estaban desbloqueadas y sólo quedaba pendiente la Declaración de Impacto Ambiental en Madrid. Por las referencias temporales y territoriales, los investigadores interpretan que se aludía al proyecto minero de Muga, uno de los negocios estratégicos en los que estaba implicada Servinabar.

La citada declaración ambiental fue firmada por Francisco Javier Cachón, entonces director general de Calidad y Evaluación Ambiental, cargo que dependía directamente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Cachón figuraba, además, entre los nombres propuestos en su día en las negociaciones políticas que rodearon la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa.

En los primeros años de relación contractual, Sumelzo comenzó con obras de menor envergadura. En 2019 se hizo con las tareas de acondicionamiento del Canal de Bardenas por algo más de 258.000 euros, imponiéndose a una decena de empresas. En mayo de 2020, ganó otro contrato de abastecimiento en Apiés, por cerca de 204.000 euros, en un proceso con doce competidores.

Ese mismo año, en octubre, llegó la adjudicación más relevante de esa primera etapa: el mantenimiento del Canal de Monegros para el periodo 2020-2022, por un importe próximo a los 942.000 euros, tras un concurso al que se presentaron 18 compañías.

El volumen económico de las adjudicaciones creció de forma significativa a partir de 2021. En agosto de ese año, la empresa obtuvo dos contratos simultáneos: uno para estabilizar un talud en el embalse de La Tranquera, por algo más de 113.000 euros, y otro, de mayor cuantía, correspondiente a un lote del mantenimiento del Canal de Bardenas que superó el millón de euros.

La tendencia continuó en 2022, cuando Sumelzo se hizo con dos grandes lotes orientados a la modernización y mejora de la eficiencia de distintos canales de riego. Estas dos adjudicaciones, centradas en la sostenibilidad del sistema hidráulico, alcanzaron cifras aproximadas de 1,2 y 2,3 millones de euros.

Todo este entramado de contratos, pagos y grabaciones ha situado a las decisiones adoptadas durante la etapa de Teresa Ribera al frente del Ministerio en el centro de las investigaciones, mientras la Guardia Civil continúa analizando posibles conexiones entre adjudicaciones públicas y presuntas tramas de comisiones.