Fuentes militares conocedoras de la estructura defensiva de la ciudad y próximas al Gobierno han desvelado que les prohibieron activar la respuesta prevista ante una entrada masiva en Ceuta, según los testimonios recogidos por El Debate. Estas fuentes sostienen que Defensa disponía de planes de contingencia para afrontar un escenario como el registrado los días 30 y 31 de julio, pero que el Ejecutivo no autorizó su ejecución. Su versión apunta a que parte de la cadena de mando reclamó instrucciones para desplegar a las unidades y no recibió la orden que esperaba.
El antecedente más cercano se remonta a la invasión fronteriza de mayo de 2021, cuando efectivos de La Legión y Regulares intervinieron con vehículos blindados BMR. Aquel despliegue combinó la asistencia a personas vulnerables con el refuerzo de la seguridad fronteriza. Los militares consultados explican que las unidades destinadas permanentemente en Ceuta constituyen el primer recurso disponible ante una emergencia, mientras que los contingentes de la Península o de Canarias pueden incorporarse después si resulta necesario. Según su relato, en julio de 2026 esa primera intervención debía servir para proteger a los vecinos y asegurar puntos estratégicos mientras se organizaban los refuerzos.
La controversia se centra, por tanto, en qué decisiones se tomaron durante las primeras horas y por qué no se autorizó el dispositivo que, según esas fuentes, estaba preparado. Los testimonios atribuyen la falta de activación a una decisión política, aunque la información aportada no identifica una orden documental concreta ni permite determinar quién la habría adoptado. Las Fuerzas Armadas no asumen ordinariamente el control de las fronteras, por lo que esclarecer lo ocurrido exige conocer qué mecanismos extraordinarios podían emplearse, quién tenía capacidad para autorizarlos y cuándo se solicitó su puesta en marcha.
A esa secuencia terrestre se añade el episodio naval publicado por El País el 12 de octubre: buques militares marroquíes entraron en aguas españolas durante la invasión, según la información de ese diario. Pedro Sánchez confirmó durante la recepción de la Fiesta Nacional que se había producido un incidente y que ambas armadas mantuvieron contactos para resolverlo. La coincidencia de los acontecimientos en tierra y en el mar plantea nuevas preguntas sobre la gestión de aquellas jornadas, aunque no demuestra por sí misma que existiera una operación coordinada.
Las fuentes citadas encuadran la presión mediante entradas masivas de civiles en la denominada «zona gris», un ámbito situado entre la normalidad diplomática y el enfrentamiento armado. Desde esa perspectiva, sostienen que los planes defensivos contemplan amenazas que no requieren una ofensiva militar convencional para comprometer la seguridad. Su argumento es que la respuesta española no debía depender de acreditar previamente las intenciones de Marruecos: la prioridad debía ser reaccionar ante lo que estaba sucediendo dentro del territorio nacional. Esa interpretación no acredita, por sí sola, la responsabilidad de Rabat en los hechos.
La convocatoria anticipada de elecciones ha dejado pendiente el examen parlamentario de estas decisiones. Margarita Robles tenía previsto comparecer la pasada semana ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para informar sobre la actuación de los servicios de inteligencia, pero la disolución de las Cortes impidió celebrar la sesión. Quedan así por aclarar los avisos que recibió el Gobierno, las peticiones elevadas por los mandos y las razones por las que, según los testimonios militares, no se ejecutó la respuesta terrestre contemplada.
