Según documentación de la Secretaría de Estado de Migraciones a la que ha tenido acceso LA GACETA, entre el 2 y el 22 de agosto de 2026 se registraron 332 entradas en el circuito de acogida del CETI de Ceuta. El alta se produjo, en la práctica totalidad de los casos, el mismo día. El internamiento se ejecutó con el CETI ya desbordado —727 residentes el 1 de agosto frente a 512 plazas legales— y en plena crisis de seguridad en la ciudad autónoma, con agentes desbordados, menas agolpados en los alrededores de la comisaría y un hospital que ha atendido a adolescentes con lesiones compatibles con violaciones, incluida al menos una agresión grupal.

El volumen de agosto no es residual. En solo dieciséis días con actividad se incorporaron 332 inmigrantes ilegales, el 70% de ellos entre el 16 y el 22 de agosto. El 18 de agosto concentra 69 registros, el máximo diario de toda la serie analizada. El perfil, además, no es el mismo que el de julio. En julio, el 96% de las entradas registradas era de origen magrebí. En agosto ese porcentaje cae al 2%. Lo que entra a partir del 2 de agosto es, de forma abrumadora, un contingente sudanés, senegalés y chadiano.

Sudán aporta 173 de las 332 entradas de agosto, el 52,1%. Senegal suma 55 y Chad 38. Aparecen además Costa de Marfil, Yemen y orígenes que apenas figuraban en los meses previos, como Somalia, Eritrea o Comoras. El perfil además comienza a ser es más adulto: el 18,4% supera los 30 años, frente al 8,2% de julio.

El dato encaja con una política de admisión que no se detiene aunque el recinto haya rebasado su capacidad y aunque la ciudad arrastre desde finales de julio una presión que ha saturado el CETI, los servicios sanitarios y los dispositivos policiales. El 1 de agosto el centro albergaba 727 internos. Semanas después, fuentes sindicales situaron la ocupación por encima de los 900 inmigrantes ilegales. En ese contexto, internar a más de 300 inmigrantes ilegales adicionales no es una contingencia, es una decisión administrativa que añade carga a un dispositivo que ya operaba en sobreocupación extrema.

La serie documenta además un cambio de ritmo burocrático. En julio, la mediana entre la fecha de entrada y el alta administrativa era de tres días, con 155 casos que superaron la semana. En agosto la mediana cae a cero. El circuito se resuelve el mismo día. Quien entra, entra. El centro, que en abril ya había sido presupuestado para escenarios de avalancha y de 1.000 residentes, sigue admitiendo internos cuando su techo legal está rebasado y cuando la ciudad no ha recuperado el control ordinario de la seguridad ciudadana.

Desde la entrada masiva de finales de julio, las fuentes policiales consultadas por este medio han descrito una comisaría desbordada, una respuesta deficiente a las llamadas al 091 y un entorno de tensión permanente en torno al CETI y a los puntos de concentración de presuntos menas. En paralelo, fuentes sanitarias han confirmado la atención hospitalaria de adolescentes con daños físicos compatibles con abusos y, en al menos un caso, material genético de varios hombres. Internar a 332 inmigrantes ilegales más en ese tablero no alivia la presión, la desplaza hacia un recinto que ya no tiene margen.