Una reciente polémica ha reabierto el debate sobre el uso del sector público como instrumento de colocación política. La revelación de que, durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos habría situado a personas de su entorno en organismos dependientes del ministerio sin que acudieran siquiera al puesto de trabajo, ha vuelto a poner el foco en la gestión opaca de los entes instrumentales del Estado.

Según ha desvelado VozPopuli, este episodio ha desvelado una práctica que se ha repetido a lo largo de distintas legislaturas: el uso de organismos públicos, muchos de ellos con funciones difusas o escasa actividad, para incorporar a afines, familiares o compromisos políticos, sin pasar por los mecanismos de control propios de la Administración General. España cuenta con cerca de 500 entidades públicas vinculadas a los ministerios.

La Intervención General del Estado ha documentado que solo en el ámbito estatal existen más de 450 entes entre administrativos, empresariales y fundacionales. A pesar de intentos de racionalización, la estructura apenas ha adelgazado. En muchos casos, la reducción se ha limitado a la fusión de entes inactivos o a la disolución de organismos que llevaban años sin actividad real.