La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo público independiente del Gobierno de Pedro Sánchez, celebró un acto a puerta cerrada el pasado 3 de noviembre con representantes de las principales plataformas digitales, autoridades españolas y organizaciones de la sociedad civil para coordinar una estrategia frente a los riesgos digitales de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El encuentro, que contó con el respaldo de la Comisión Europea, reunió a representantes de Google, Meta, TikTok, X, Pinterest, Snapchat y Wikimedia. Según reconoció el propio organismo regulador en un comunicado publicado al día siguiente, uno de los objetivos consistía en establecer mecanismos de cooperación entre las autoridades españolas y las compañías tecnológicas para responder ante posibles incidentes graves durante el proceso electoral.

Sin embargo, la CNMC no ha hecho pública la identidad de los representantes de las autoridades españolas ni de las organizaciones civiles participantes. Tampoco ha difundido las actas de la reunión o los protocolos concretos que pudieron abordarse durante la sesión.

El encuentro se produjo apenas 26 días antes de la cita con las urnas y estuvo relacionado con la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea, que obliga a las grandes plataformas a evaluar y reducir determinados riesgos asociados a los procesos electorales.

Este marco contempla medidas que pueden afectar a los sistemas de recomendación, la publicidad y la moderación de publicaciones. Su aplicación plantea interrogantes sobre cómo se identificarán los contenidos potencialmente problemáticos y qué garantías tendrán los usuarios cuando sus mensajes vean limitada su difusión.

El investigador Norman Lewis, de la Iniciativa de Soberanía y Libertad para Europa, ha cuestionado en un artículo titulado Orwell is back in Spain la falta de transparencia de estos encuentros. Lewis advierte de que las decisiones relacionadas con la circulación de información política pueden quedar repartidas entre organismos reguladores, empresas privadas y entidades de verificación que no responden directamente ante los electores.

El artículo también señala el papel de Newtral, colaborador de TikTok en España para la verificación de contenidos, y su participación en iniciativas europeas relacionadas con la desinformación. Su autor considera que limitar la recomendación de determinadas publicaciones puede tener consecuencias sobre el alcance de mensajes políticos durante una campaña electoral.

La reunión de la CNMC estuvo precedida, además, por un despliegue institucional que continuó al día siguiente. El 4 de noviembre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió la activación de la Red de Coordinación para la Seguridad de las elecciones generales, creada en 2019.

En esta estructura participan organismos como la Junta Electoral Central, la CNMC, la Agencia Española de Protección de Datos, el Instituto Nacional de Estadística y Correos, además de departamentos gubernamentales relacionados con la seguridad nacional, la comunicación institucional y la ciberseguridad.

Interior confirmó la asistencia a su reunión de representantes del Departamento de Seguridad Nacional y de la Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno, así como del Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Criptológico Nacional y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, entre otros organismos.

No consta, sin embargo, que estas mismas autoridades acudieran al encuentro celebrado por la CNMC el día anterior.

El Ejecutivo justificó la activación de la red por la necesidad de anticipar amenazas, coordinar alertas y afrontar posibles campañas de desinformación que puedan interferir en las elecciones.

Por su parte, la CNMC sostiene que su encuentro con las plataformas perseguía mejorar la coordinación institucional y facilitar la respuesta ante incidentes graves. No existe constancia pública de acuerdos para retirar contenidos políticos concretos ni de instrucciones del Gobierno a las plataformas.

La falta de una relación completa de participantes y de documentación sobre los mecanismos examinados mantiene abiertas varias preguntas: quién podrá solicitar una intervención sobre contenidos digitales, qué criterios se utilizarán y qué garantías tendrán los ciudadanos y los medios de comunicación durante la campaña electoral.