Moncloa prepara un nuevo decretazo para reorganizar el Registro Civil y facilitar la gestión electrónica de expedientes, incluidos los de nacionalidad tramitados en los consulados. Según la información avanzada por Vozpópuli, el proyecto llega a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, con las nacionalizaciones de la denominada «ley de nietos» en el centro del debate. El borrador no modifica las normas electorales ni incorpora automáticamente nuevos votantes al censo, aunque contempla herramientas que podrían agilizar los procedimientos administrativos previos.
Una de las principales novedades consiste en repartir expedientes entre oficinas según su carga de trabajo. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública podrá fijar las instrucciones para organizar esa distribución, que deberá responder a criterios objetivos de eficacia y equilibrio. El objetivo es que la acumulación de solicitudes en una dependencia no condicione por sí sola el ritmo de tramitación cuando otras puedan asumir parte de las tareas.
Los Registros Civiles consulares formarán parte de esta estructura interconectada, que admitirá solicitudes electrónicas, documentación digitalizada y la reasignación de determinados procedimientos. La reforma tiene especial relevancia para las peticiones de nacionalidad de descendientes de españoles. Según las cifras gubernamentales recogidas en la información, más de medio millón de personas han obtenido la ciudadanía mediante la Ley de Memoria Democrática. Por su parte, RTVE ha situado en 369.017 los nacionalizados por esta vía inscritos en el censo de residentes ausentes, a partir de datos aportados por la Abogacía del Estado.
El soporte del nuevo modelo será DICIREG, la plataforma destinada a sustituir progresivamente a INFOREG y completar el paso de los libros de papel a un Registro Civil único y electrónico. Cada persona dispondrá de un expediente individual vinculado a un código exclusivo e intransferible, donde se reunirán las inscripciones relativas a su identidad y estado civil. Justicia también tendrá facultades para supervisar la actividad, detectar problemas y ordenar ajustes en el reparto de trabajo, además de ejercer la dirección funcional del personal.
La iniciativa coincide con la controversia judicial sobre el voto de determinados nacionalizados al amparo de la «ley de nietos». Según la información de partida, el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho de sufragio de una parte de los afectados, mientras la Junta Electoral Central ha solicitado datos para aplicar esa decisión. El reglamento proyectado no resuelve ese litigio: la concesión de la nacionalidad y la incorporación al censo electoral son actuaciones distintas, aunque la inscripción consular como residente conecta ambos procesos en los supuestos correspondientes.
El Ejecutivo presenta el cambio como una modernización orientada a simplificar gestiones y mejorar la atención. Su posible efecto sobre los expedientes pendientes dependerá, sin embargo, de cuándo se apruebe y cómo se implante. El borrador ofrece mecanismos para descongestionar oficinas, pero la información disponible no permite determinar cuántas solicitudes podrían resolverse antes del 29 de noviembre ni atribuir a la reforma un impacto electoral concreto.
