El Gobierno de Pedro Sánchez invocó la existencia de auditorías y controles para defender la seguridad ferroviaria después del accidente de Adamuz, pero respondió al Senado sin identificar las auditorías realizadas ni las deficiencias detectadas. La contestación sustituyó el detalle solicitado por una defensa genérica de los procedimientos de Adif.
La petición había sido registrada el 11 de febrero de 2026 por varios senadores del Partido Popular, entre ellos Alicia García, Javier Arenas y Antonio Silván. La pregunta, identificada con el número 684/025755, era concreta: «¿Qué auditorías internas/externas de seguridad de infraestructura ferroviarias se realizaron en 2024 y 2025 y qué no conformidades detectaron?». Los parlamentarios reclamaban conocer tanto las revisiones efectuadas como los incumplimientos o deficiencias encontrados.
El Ejecutivo contestó el 27 de marzo, mediante una respuesta conjunta a distintas iniciativas sobre el siniestro. «Todos estos procedimientos, normas e instrucciones del sistema de gestión se someten a distintos niveles de auditorías y controles», aseguró en el documento.
Sin embargo, sus cuatro páginas no contienen una relación de las auditorías solicitadas, sus responsables ni sus conclusiones. Tampoco detallan las deficiencias detectadas o su subsanación. El texto dedica buena parte de su contenido a describir inspecciones de la vía y de las soldaduras de Adamuz, sin ofrecer el inventario de auditorías y resultados que pedían los senadores.
El contraste entre la apelación a un respaldo técnico y la falta de información sobre ese respaldo recuerda la polémica del comité de expertos durante la pandemia. En julio de 2020, después de las peticiones para conocer su composición, Sanidad reconoció que no se había creado un comité específico de desescalada al margen de sus propios equipos. Salvador Illa explicó que las evaluaciones correspondían a los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por Fernando Simón, y que la decisión última era del ministro.
Meses después, en diciembre, Sanidad facilitó a Maldita.es los nombres de quince profesionales que habían participado en esas evaluaciones. El episodio evidenció la distancia entre las referencias públicas al comité y la información que el Gobierno había proporcionado sobre su composición y funcionamiento.
En el caso ferroviario, la ausencia de detalle en la respuesta no demuestra que las auditorías no existieran. La propia AESF contabilizó actuaciones de auditoría en sus cuentas de 2025: según publicó elDiario.es, realizó 19 acciones terminadas o en ejecución de las 27 previstas sobre los sistemas de gestión de seguridad de los administradores de infraestructuras.
La documentación parlamentaria cobra actualidad tras la colisión del miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo, donde un AVE de Renfe alcanzó a un tren de Iryo detenido en la línea Madrid-Sevilla. La investigación deberá esclarecer la cadena de fallos técnicos y decisiones operativas que precedió al choque.