El Gobierno conocía que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta sufría una sobreocupación cercana al 81% el pasado 28 de febrero, cinco meses antes de la invasión marroquí registrada a finales de julio. Así consta en un documento oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al que ha tenido acceso The Objective.

El centro dispone de una capacidad máxima de 512 plazas. Una sobreocupación del 81% supone que albergaba entonces a alrededor de 927 personas, unas 415 más de las previstas. El propio Ministerio reconoce en el expediente que aquella situación había dejado de ser excepcional para convertirse en una «constante» que repercutía «de forma severa» sobre los contratos, en especial sobre los destinados al suministro de alimentos.

La información figura en una modificación del contrato de víveres del CETI publicada el 11 de agosto en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El cambio fue aprobado el 5 de agosto, días después del asalto fronterizo sufrido por Ceuta, aunque la documentación confirma que la presión sobre las instalaciones se arrastraba desde mucho antes.

El director del CETI solicitó formalmente el 18 de marzo un refuerzo del contrato de alimentos ante la situación del centro. La empresa adjudicataria dio su conformidad al día siguiente y el Servicio Jurídico emitió un informe favorable el 26 de marzo.

Sin embargo, la fiscalización de la Intervención no llegó hasta el 11 de julio y la modificación quedó aprobada el 5 de agosto. El Gobierno tardó 140 días en autorizar el refuerzo, pese a reconocer que la sobreocupación afectaba de forma severa al abastecimiento.

Por encima del límite desde julio de 2025

El expediente señala que la ocupación comenzó a superar de forma «creciente y continuada» el límite establecido desde el 2 de julio de 2025. El contrato contemplaba como referencia un incremento máximo del 10% sobre la capacidad ordinaria, equivalente a 563 residentes frente a las 512 plazas disponibles.

La Administración sabía, por tanto, que el CETI funcionaba por encima del nivel previsto más de un año antes de la invasión de Ceuta. Para febrero de 2026, el exceso reconocido por Migraciones ya no era del 10%, sino de cerca del 81%.

Los documentos contradicen la imagen de una saturación surgida a raíz de los acontecimientos del 30 y el 31 de julio. La falta de capacidad tenía ya un carácter estructural y había obligado a la dirección del centro a reclamar más recursos meses antes.