El Gobierno ha modificado el papel del Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, en las auditorías de seguridad del sistema encargado de recoger, procesar y difundir los resultados electorales. El nuevo modelo atribuye al Ministerio del Interior la responsabilidad de las comprobaciones de seguridad y sitúa al CCN-CNI como organismo colaborador en los análisis de seguridad e integridad previos a las elecciones, según adelanta VozPópuli.

El cambio figura en el nuevo pliego que regula el sistema de información electoral y afecta a la distribución de responsabilidades sobre una infraestructura considerada estratégica para el funcionamiento de los procesos electorales. En el modelo descrito, Interior dirige las comprobaciones, mientras que el Centro Criptológico Nacional participa en ellas en colaboración con el departamento.

El CCN forma parte del Centro Nacional de Inteligencia y tiene entre sus funciones la protección de los sistemas y tecnologías de la información de las administraciones públicas frente a amenazas y ataques. Su participación en la infraestructura electoral está vinculada, por tanto, a los controles técnicos destinados a garantizar la seguridad e integridad del sistema.

El nuevo documento no elimina la participación del organismo dependiente del CNI, pero modifica su posición formal respecto de las auditorías. El CCN-CNI mantiene su participación técnica dentro del dispositivo electoral pasa a desempeñar una función de colaboración con Interior, que asume expresamente la responsabilidad sobre las comprobaciones.

La modificación coincide con la controversia judicial abierta en torno al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la aplicación de la denominada Ley de Nietos. El Tribunal Supremo acordó este mes suspender cautelarmente las altas de nacionalizados vinculadas a esta vía hasta que los consulados acrediten el cumplimiento de los requisitos relacionados con su condición de descendientes de exiliados españoles.

El alto tribunal señaló que el CERA había aumentado en 408.262 electores entre las elecciones generales de 2023 y el 1 de julio de 2026, al pasar de 2.328.260 a 2.736.522 inscritos. Según el Supremo, ese incremento extraordinario podía afectar a la objetividad y transparencia del proceso electoral.

La Abogacía del Estado ha cuestionado parte de los cálculos utilizados y ha cifrado en 369.017 el incremento considerado en su recurso, de los que 168.896 corresponderían a personas que obtuvieron la nacionalidad mediante la instrucción que establecía una presunción de exilio para determinados españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955. Además, ha advertido de que resulta materialmente imposible revisar alrededor de 170.000 expedientes antes del cierre del censo, previsto para el 1 de enero de 2027.

El Gobierno ha recurrido las medidas cautelares adoptadas por el Supremo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pidió al tribunal que resuelva los recursos antes de las elecciones de 2027 y cuestionó jurídicamente la suspensión provisional de las altas.

En paralelo, la Junta Electoral Central trabaja en la aplicación de las exigencias establecidas por el alto tribunal sobre las inscripciones afectadas. El censo exterior permanece bajo supervisión judicial y electoral mientras continúa el procedimiento sobre los criterios de nacionalización y su incorporación al CERA.

El sistema de escrutinio contempla una cadena que comienza en las mesas electorales, continúa con la transmisión de los datos al Centro de Proceso de Datos y termina con su tratamiento y difusión. También establece mecanismos para detectar incidencias durante la recogida, transmisión y procesamiento de la información, además de sistemas alternativos y un plan de contingencias.

De esta forma, el nuevo modelo conserva la intervención del CCN-CNI en materia de seguridad, pero atribuye formalmente a Interior la dirección de las comprobaciones.