El Gobierno ha celebrado este martes 25 de agosto el primer Consejo de Ministros desde la invasión de Ceuta y ha reunido de forma extraordinaria al Consejo de Seguridad Nacional, 26 días después de que más de 80.000 inmigrantes ilegales atravesaran la frontera española. La comparecencia posterior ha dejado nuevas contradicciones entre los ministerios de Interior y Defensa sobre la información de la que disponía el Ejecutivo antes del asalto masivo.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han comparecido en La Moncloa para explicar las decisiones adoptadas.
El Ejecutivo ha designado a Torres responsable de un mando único encargado de coordinar las comunicaciones entre los distintos ministerios implicados. La medida llega casi un mes después de la invasión y cuando Ceuta todavía soporta las consecuencias asistenciales, sanitarias y de seguridad provocadas por la entrada masiva.
Marlaska también ha anunciado que el Gobierno pretende impulsar una «nueva regulación» para responder a lo que ha definido como «la nueva realidad migratoria». No ha concretado, sin embargo, el contenido ni el calendario de esa modificación.
Marlaska niega la alerta y Robles respalda al CNI
La principal contradicción de la jornada se ha producido entre Grande-Marlaska y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Mientras el titular de Interior comparecía en La Moncloa, Robles ofrecía explicaciones en el Congreso sobre los mismos hechos.
Marlaska ha vuelto a negar que el Ejecutivo recibiera una advertencia previa sobre el asalto. «No había ningún informe que atisbara lo que finalmente sucedió el 30 de julio», ha afirmado. Según su versión, no existió ninguna alerta «ni por parte del servicio de inteligencia de España ni por ningún servicio de inteligencia de ningún otro país».
Las palabras del ministro chocan con las explicaciones ofrecidas por Robles. La titular de Defensa ha defendido la actuación de los «25 agentes del CNI» que se encontraban siguiendo la situación y ha asegurado que «realizaron la labor que les es exigible y dieron la información requerida».
El Gobierno mantiene así dos relatos distintos sobre una cuestión central: si los servicios de inteligencia informaron antes de la invasión y qué hicieron los responsables políticos con esos datos. Interior niega que existiera una alerta capaz de anticipar lo sucedido, mientras Defensa sostiene que el CNI cumplió con su obligación y trasladó la información correspondiente.
Las cifras del Gobierno no encajan con las de Ceuta
Las explicaciones ofrecidas por Ángel Víctor Torres también han abierto una brecha con las estimaciones de las autoridades ceutíes. El ministro ha cifrado en más de 70.000 las personas que entraron en España durante el 30 de julio y los días anteriores.
Torres sostiene que entre el 90% y el 95% abandonó Ceuta durante las «24 o 48 horas posteriores» al asalto. Aplicando esos porcentajes, en la ciudad habrían quedado entre 3.500 y 7.000 inmigrantes al comenzar agosto.
Sin embargo, el Gobierno autonómico calcula que todavía permanecen en Ceuta más de 10.000 personas. La estimación se basa en el número de comidas que las instituciones y las oenegés reparten cada día, en medio de una presión asistencial que continúa más de 25 días después de la invasión.
Pese a ese desfase, Torres ha defendido que Ceuta alcanzó «una cierta normalidad» apenas 48 horas después del asalto. El ministro ha señalado que el objetivo pendiente consiste en «llegar a la normalidad de comienzos de julio».
La creación tardía de un mando único, las versiones enfrentadas de Interior y Defensa y unas cifras que no coinciden con las que maneja Ceuta vuelven a evidenciar la falta de una explicación unitaria del Gobierno sobre la mayor crisis fronteriza sufrida por España en los últimos años.
