El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a publicar los informes sobre la amnistía que dice tener. Unos documentos que, según las palabras de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, avalan la plena constitucionalidad de la ley de amnistía. Lo mismo decía hace unos días del acuerdo in extremis entre el PSOE y Junts para ceder las competencias de inmigración a Cataluña.
Precisamente durante el pasado jueves, María Jesús Montero fue preguntada por el informe de las tres letradas de la Comisión de Justicia del Congreso, donde se ponen de manifiesto numerosas dudas sobre la constitucionalidad de la norma. Ante la pregunta, la vicepresidenta explicó que «el Ejecutivo tiene otros informes elaborados por juristas al menos con el mismo prestigio que tienen otros».
El Gobierno que alardeó de un comité de expertos inexistente ahora presume de unos informes presuntamente inexistentes. Sin mencionar nombres y sin revelar el contenido de dichos informes, Montero se mostró orgullosa de poseer documentos donde queda evidente «que la norma es plenamente constitucional».
La opacidad del Gobierno dirige todas las miradas al actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. El magistrado progresista, alineado con la política del Gobierno, no ha negado ni desmentido las distintas acusaciones sobre su asesoramiento a los socialistas respecto a la ley de amnistía. Y todo apunta a que en Ferraz custodian como oro en paño algún documento con la firma de Conde-Pumpido.
