El Gobierno de Pedro Sánchez tiene sin invertir más de 320 millones de euros que estaban destinados a reforzar la gestión forestal y a impulsar la prevención de incendios en España. El dinero procede de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, y a tan sólo un año de que venza el plazo para utilizarlos, buena parte de esas ayudas sigue bloqueada en los despachos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que vigila la ejecución del plan, ha puesto cifras a este atasco: de los 401 millones previstos para este capítulo, únicamente se han movilizado 80,2 millones, es decir, alrededor del 20%. El resto continúa pendiente de formalización o de concesión, pese a que la amenaza de los incendios forestales se ha intensificado en los últimos veranos.
Los compromisos asumidos con Bruselas son claros. España, dentro del Componente 4 del Plan de Recuperación —bajo el epígrafe «Conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad»— debía invertir en renovar la flota de aviones y helicópteros para la extinción de fuegos, así como en nuevas infraestructuras que redujeran los daños de fenómenos extremos. Esa hoja de ruta fue aprobada en abril de 2021 y formaba parte del paquete de reformas para acceder a los fondos Next Generation.
El retraso contrasta con la retórica del Ejecutivo, que desde 2020 viene presentando planes climáticos y compromisos medioambientales. En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya se hablaba de revisar la Estrategia Forestal Española para fortalecer la protección de los montes frente a incendios y otros riesgos naturales. Sin embargo, las orientaciones estratégicas y la prometida modernización de medios se han quedado en el papel.
De hecho, la denominada Estrategia Forestal Española Horizonte 2050, aprobada a finales de 2022, marcaba como una de sus prioridades la «prevención y adaptación de los montes ante el cambio climático y otros riesgos». El texto incluso apelaba a una mayor cooperación entre administraciones para mejorar la coordinación en la extinción de incendios.
La realidad, sin embargo, es que la ejecución de los fondos avanza a paso lento. Entre enero y junio de este año, el Ministerio para la Transición Ecológica apenas desembolsó 2,7 millones de los 70,9 que tenía previsto gastar en esta materia. Es decir, sólo un 4% del presupuesto comprometido.
El resultado es un panorama paradójico: mientras el presidente Sánchez propone ahora un «pacto de Estado climático», el dinero europeo que debía haberse invertido desde hace tiempo para proteger bosques y montes sigue sin llegar a su destino. Cuatro años después de identificar los riesgos y asegurar la financiación, el grueso de las actuaciones continúa sin arrancar.
