El Gobierno Vasco, a través de la Consejería de Justicia que encabeza el PSOE, ha concedido la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario a dos presos de ETA: el exjefe militar de la banda terrorista Gorka Palacios y Joanes Larretxea, condenado por participar en el asesinato del empresario Ignacio Uría.

La medida les permitirá salir de prisión de lunes a viernes durante el día, siempre que acrediten que van a trabajar, recibir tratamiento o realizar labores de voluntariado. Según la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), ya son 20 las decisiones de aplicación del artículo 100.2 a presos de ETA.

Palacios fue detenido en Francia en 2003 y condenado allí en 2009 a 18 años de prisión como jefe de los comandos de ETA. Después, la Audiencia Nacional le impuso 83 años de cárcel por varios delitos, entre ellos el atentado en el que fue asesinado el policía nacional Luis Ortiz de la Rosa.

Larretxea fue condenado a 44 años por su participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia, Guipúzcoa, en 2008. En 2024 recibió otra condena de 26 años por colocar un coche cargado con explosivos en la Universidad de Navarra, también en 2008.

La AVT ha reaccionado con dureza a estas resoluciones y ha reiterado su preocupación «por una política penitenciaria más centrada en excarcelar etarras que en garantizar el derecho a la justicia de las víctimas». La asociación ha insistido en que «la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia» deben seguir como principios irrenunciables en cualquier decisión relacionada con condenados por terrorismo.

Con estas dos nuevas medidas, la AVT cifra en 119 las progresiones a tercer grado concedidas a 96 presos de ETA y en 20 las decisiones de aplicación del artículo 100.2. Según sus datos, actualmente permanecen en prisión 118 miembros de la organización terrorista: 75 disfrutan ya de algún régimen de semilibertad y 43 continúan en régimen ordinario, sin salidas de prisión.

La decisión vuelve a situar en el centro del debate la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA desde el traspaso de competencias al Gobierno Vasco. Para las víctimas, el problema no es sólo jurídico, sino político y moral: el avance de los beneficios penitenciarios para condenados por terrorismo mientras las asociaciones denuncian que la justicia, la memoria y la reparación quedan relegadas.