El dominicano de 20 años detenido este pasado viernes por presuntamente asesinar a una prostituta en Bormujos e intentar matar a otra ha protagonizado una agresión contra tres trabajadores de Sevilla I apenas tres horas después de entrar en prisión. Entre los afectados se encuentra el jefe de servicios. Todos recibieron atención en la enfermería penitenciaria y dos necesitaron ser trasladados al hospital, según han denunciado CSIF y la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

El ataque se produjo el sábado, pasadas las cinco de la tarde, cuando un funcionario abrió la celda para permitir al recién ingresado salir al patio. De acuerdo con el relato sindical, el interno se abalanzó sobre él con un objeto punzante elaborado con el mango de un peine, lo tiró al suelo y lo golpeó en repetidas ocasiones. El jefe de servicios y otros empleados tuvieron que intervenir para reducirlo. Uno de los heridos sufrió contusiones, hematomas y arañazos en la cara y el cuello.

El arrestado había comparecido esa misma mañana ante el juzgado de guardia y llegó a la cárcel a primera hora de la tarde. Allí pasó por el procedimiento habitual de ingreso, que incluyó el cacheo, la entrega de productos de higiene y la asignación de una celda. CSIF cuestiona que se siguiera ese circuito ordinario con una persona detenida por hechos de extrema violencia y reclama un protocolo específico para evaluar y gestionar estos ingresos.

La central sindical ha solicitado el traslado inmediato del interno a otra prisión, además de más personal, apoyo psicológico para los trabajadores y una revisión de los medios disponibles para contener episodios violentos. También exige que se reconozca a los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad. Según sus cifras, las cárceles españolas registran más de quinientas agresiones anuales, mientras que la población reclusa ha aumentado en más de 6.200 personas desde 2024 sin un refuerzo proporcional de las plantillas.

Por su parte, APFP ha pedido al Ministerio del Interior que reconozca el carácter de profesión de riesgo del trabajo penitenciario y adapte los efectivos a las necesidades de cada establecimiento. La asociación reclama asimismo mejoras salariales y la modernización de los medios coercitivos, incluida la autorización de dispositivos táser. Ambas organizaciones han condenado lo sucedido y han insistido en la necesidad de reforzar la protección del personal.