El DAO de la Guardia Civil ordenó abrir hasta tres informaciones reservadas contra Rafael Yuste cuando todavía estaba al frente de la Unidad Central Operativa. El entonces coronel jefe de la UCO quedó sometido a varias investigaciones internas en pleno auge de las causas de corrupción que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez, según fuentes del Instituto Armado citadas por The Objective.

Esas actuaciones disciplinarias son ahora una de las líneas que analiza el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dentro del caso Leire. El magistrado investiga si desde determinados ámbitos de la Guardia Civil se activaron expedientes, informaciones reservadas o procedimientos internos con el presunto propósito de presionar a mandos y agentes que participaban en investigaciones especialmente sensibles para el Partido Socialista y para el Gobierno.

El foco se ha situado sobre el teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo del Cuerpo, por su papel en la apertura de esas actuaciones contra Yuste. Según las fuentes consultadas, los expedientes se iniciaron mientras la UCO avanzaba en causas como los casos Ábalos y Cerdán, y en un momento de fuerte tensión entre los investigadores y la cúpula política del Ministerio del Interior.

La investigación dio un salto inédito el pasado miércoles, cuando agentes de la propia UCO, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas, acudieron a la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, para recabar declaraciones y documentación. Nunca antes la unidad de élite del Instituto Armado había desplegado una actuación de estas características en la sede central del Cuerpo. El objetivo era reconstruir cómo y por qué se activaron procedimientos sancionadores contra quienes investigaban asuntos que afectaban al PSOE.

Fuentes próximas a las pesquisas sostienen que esas actuaciones internas podrían encajar en una maniobra de obstrucción a la justicia si se acredita que buscaban intimidar a los agentes o dificultar el avance de investigaciones judiciales. La UCO tomó declaración a varios mandos, entre ellos al menos tres generales, para aclarar quién impulsó los expedientes, con qué información se justificaron y si existió una finalidad distinta a la puramente disciplinaria.

El caso de Rafael Yuste ocupa un lugar central. Las tres informaciones reservadas abiertas contra él terminaron sin responsabilidad, pero quienes conocen aquellos hechos subrayan el impacto que tuvo sobre el entonces jefe de la UCO. Recibir comunicaciones formales, ser citado a declarar y verse sometido a una investigación interna generó, según estas fuentes, una presión excepcional sobre un mando que dirigía causas judiciales de enorme trascendencia política.

El argumento utilizado para activar esas actuaciones fue siempre similar: la sospecha de que desde la UCO se estaban filtrando a la prensa datos de investigaciones en curso relacionadas con el PSOE. Esa tesis también aparece en el auto de Pedraz sobre Leire Díez, donde se recoge que la exmilitante socialista trasladó a la dirección de la Guardia Civil la idea de que las filtraciones procedían directamente de la unidad de investigación.

La propia Díez habría asegurado que había hablado en varias ocasiones con la directora del Cuerpo, Mercedes González, a quien habría transmitido esas sospechas. Según el auto, la fontanera socialista sostenía que González «no se entera de lo que ocurre en la Guardia Civil» y que no sabía cómo afrontar la situación interna. Para los investigadores, ese relato pudo contribuir a alimentar un clima de desconfianza hacia los mandos de la UCO.

Cada información publicada sobre causas que afectaban al PSOE, señalan fuentes conocedoras del caso, terminaba convirtiéndose en una nueva acusación contra los investigadores. Esas fuentes describen la dinámica como una «caza de brujas» contra agentes y mandos, a quienes se atribuían filtraciones sin pruebas suficientes. Ninguna de esas investigaciones internas contra Yuste acabó prosperando.

La salida de Rafael Yuste de la jefatura de la UCO también está bajo una nueva lectura a la luz de estas pesquisas. Su ascenso a general de brigada y su relevo al frente de la unidad en diciembre de 2025 fueron presentados oficialmente como parte de un proceso normal de promoción. Yuste había superado el curso correspondiente y figuraba como el primero de su promoción, lo que le otorgaba muchas opciones de ascender.

Sin embargo, dentro de la Guardia Civil crece ahora la tesis de que aquel ascenso pudo servir para apartarlo de una unidad que dirigía investigaciones incómodas. Fuentes del Cuerpo sostienen que, al no haber logrado condicionar su actuación mediante presiones internas, se habría optado por una salida «hacia arriba» para sacarle de la UCO. Como ejemplo señalan que, pese a su nuevo rango de general, fue destinado a la Jefatura de Servicios Técnicos, considerada una estructura de menor peso operativo.

La Dirección General de la Guardia Civil ha reconocido a The Objective que existieron al menos dos informaciones reservadas relacionadas con el exjefe de la UCO, aunque posteriormente matizó que esas actuaciones no estaban dirigidas contra personas concretas. Esa explicación no despeja, sin embargo, las dudas que intenta aclarar Pedraz sobre el origen, alcance y finalidad real de aquellos procedimientos.

La operación de la UCO no se limitó a la sede central del Instituto Armado. Ese mismo miércoles, los agentes también acudieron a la sede del PSOE en la calle Ferraz para investigar los presuntos pagos efectuados a la trama atribuida a Leire Díez. El juez sostiene que el partido habría abonado 188.000 euros mediante facturas falsas a la exmilitante socialista y a su entorno para influir en procedimientos judiciales que cercaban a la formación.

Según la investigación, el origen de esos encargos se situaría en los días de reflexión que Pedro Sánchez se tomó tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. A partir de ese momento, Pedraz indaga si se puso en marcha una estructura destinada a recabar información sensible, desacreditar a investigadores y tratar de neutralizar causas judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE.

En paralelo, el magistrado investiga al capitán Juan Sánchez Yepes, antiguo mando de la UCO, por su presunta colaboración con la trama. El juez le atribuye delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. Según la causa, Sánchez Yepes habría facilitado información reservada sobre la estructura interna de la unidad y sobre algunos de sus miembros, incluido el teniente coronel Antonio Balas, responsable del área de Delincuencia Económica y Anticorrupción.

La Audiencia Nacional trata ahora de determinar si las presiones internas contra Rafael Yuste, las acusaciones de filtraciones, los expedientes disciplinarios y los pagos investigados a Leire Díez formaban parte de una misma estrategia. La hipótesis judicial apunta a un entramado impulsado, presuntamente, por Santos Cerdán y la exmilitante socialista para desestabilizar procedimientos judiciales que comprometían al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.