El magistrado Santiago Pedraz investiga una presunta trama de pagos y ofrecimientos económicos vinculada al PSOE destinada, según recoge un auto judicial, a tratar de influir o interferir en procedimientos judiciales y actuaciones policiales que afectan al partido y al Gobierno. El instructor atribuye al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, un papel central en la supuesta «coordinación y ejecución» de actuaciones orientadas a «desestabilizar de forma sistemática y continuada» investigaciones consideradas perjudiciales para los intereses socialistas.

Según el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, la operación habría movilizado más de 188.000 euros a través de distintos mecanismos y sociedades interpuestas. El juez sostiene que existió una estrategia dirigida a obtener información sensible y condicionar investigaciones mediante ofrecimientos de dinero o favores a funcionarios, investigados y miembros de la Fiscalía.

La resolución apunta además a la actuación de Leire Díez, a quien sitúa como pieza de enlace con distintos actores relacionados con causas de especial sensibilidad para el PSOE. Entre los objetivos de la supuesta operación se encontrarían la obtención de información sobre el coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, la jueza Beatriz Biedma —que investigó la causa relacionada con el hermano del presidente del Gobierno— o el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón.

El magistrado sostiene que Leire Díez habría contado presuntamente con un «impulso intelectual y financiero» procedente de Santos Cerdán. Entre las cantidades analizadas por el juzgado figura un pago mensual de 4.000 euros a Díez canalizado, según la investigación, a través de una sociedad administrada por el histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías. Asimismo, el auto recoge un pago de 27.225 euros al despacho de Ismael Oliver mediante una supuesta nota de encargo falsa que, posteriormente, habría terminado en manos de Díez con el objetivo de «romper la trazabilidad de los fondos».

La investigación también pone el foco sobre pagos al abogado Jacobo Teijelo por un importe de al menos 125.000 euros presuntamente procedentes de Ferraz. El instructor considera que estos movimientos económicos se habrían articulado mediante sociedades de varios investigados con la participación de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, a quien atribuye la emisión de órdenes de encargo utilizadas para generar facturas presuntamente falsas que permitieran justificar las transferencias.

El auto también recoge un pago cercano a los 20.000 euros a la periodista Patricia López, fallecida recientemente, que se habría producido un mes después de una reunión celebrada en Ferraz con Leire Díez tras la imputación de la esposa del presidente del Gobierno. Según la investigación, dicho abono se habría ejecutado mediante una campaña publicitaria gestionada por quien entonces ejercía como director de Comunicación, Ion Antolín.

El juez también analiza presuntos intentos de influir sobre distintos protagonistas de causas judiciales. Entre ellos figura la empresaria Carmen Pano, investigada en el caso hidrocarburos, quien declaró ante la Guardia Civil haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede socialista de Ferraz. Según las diligencias, tras trascender esa información se habría activado una operación para ofrecerle 50.000 euros con el objetivo de condicionar su testimonio.

Los investigadores incorporan mensajes intervenidos durante la investigación. En uno de ellos puede leerse: «Esta se vende. Debemos saber comprar«, frase que, según el auto, estaría relacionada con conversaciones mantenidas sobre dicha operación.

Asimismo, el magistrado recoge un presunto intento de aproximación al fiscal Anticorrupción José Grinda. La investigación sostiene que la trama habría planteado ofrecerle un destino en el extranjero o una cantidad de 300.000 euros con el objetivo de lograr el archivo de procedimientos y obtener información relacionada con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Tras una reunión mantenida con el empresario Luis del Rivero en una cafetería de Madrid, el fiscal José Grinda presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que describía un supuesto intento de chantaje relacionado con Leire Díez y otras personas investigadas.

Las diligencias continúan abiertas y las acusaciones recogidas por el instructor deberán ser objeto de contraste y valoración judicial durante el desarrollo del procedimiento.