El juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha subrayado en un auto notificado en las últimas horas que la relación de parentesco entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, es clave para sostener la investigación por tráfico de influencias y el resto de delitos que se le atribuyen. Gómez se encuentra imputada por cinco delitos: malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y tráfico de influencias.
En su resolución, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Peinado señala que sin ese vínculo matrimonial «difícilmente» Gómez, ni tampoco los otros investigados —Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés— habrían podido poner en práctica las conductas delictivas que se investigan. El magistrado sostiene que los hechos descritos presentan indicios de constituir los elementos objetivos y subjetivos de varios de los delitos imputados.
El juez ya ha iniciado el procedimiento para que un tribunal de jurado sea el encargado de juzgar la pieza principal de la causa si esta llega a juicio. La decisión se apoya en que el delito de tráfico de influencias está entre los que la ley atribuye al jurado popular, lo que arrastraría al resto de los imputados. Así, nueve ciudadanos legos en Derecho tendrían que emitir el veredicto.
El próximo lunes, Peinado ha citado a todos los investigados para comunicarles personalmente los delitos que se les imputan. A la comparecencia deberán acudir acompañados de sus abogados y en presencia del Ministerio Fiscal y del resto de partes personadas, que podrán solicitar nuevas diligencias o pedir el archivo de la causa. La semana pasada ya fueron citados, pero ni Gómez ni los otros dos imputados comparecieron, enviando únicamente a sus representantes legales.
La investigación contra la esposa del presidente arrancó hace un año y medio a raíz de una denuncia de Manos Limpias. La acusación señalaba que Gómez habría utilizado su condición de cónyuge de Sánchez para recomendar, mediante cartas, a empresarios como Juan Carlos Barrabés en licitaciones públicas. Además, se indaga en la creación de una cátedra «a medida» en la Universidad Complutense que Gómez habría utilizado para desarrollar negocios privados, entre ellos la obtención de un software financiado por multinacionales tecnológicas y registrado a su nombre.
En el caso de Barrabés, la Fiscalía Europea investiga los contratos adjudicados a la UTE formada por Innova Next y The Valley Digital, por valor de 8,4 millones de euros. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha advertido que podrían haberse adjudicado en fraude de ley. Gómez habría avalado esas operaciones con cartas de recomendación firmadas como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense.
No es la primera vez que el juez decide que Gómez se enfrente a un jurado popular. Hace una semana ya lo dispuso respecto a la pieza separada sobre un presunto delito de malversación, en la que también están imputados Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, y Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa. En esa causa se investiga si Álvarez, mientras cobraba con fondos públicos, asistió a la esposa del presidente en tareas privadas y profesionales.
Peinado justificó entonces su decisión en el aval de la Audiencia Provincial de Madrid, que en junio respaldó continuar con la investigación, y en los correos electrónicos intervenidos al exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. Según esos documentos, Álvarez gestionó patrocinios clave de la cátedra dirigida por Gómez.
La defensa de los imputados, sin embargo, ha recurrido la decisión. Cristina Álvarez acusó al juez de «mutilar convenientemente» resoluciones previas de la Audiencia, y recordó que en mayo Peinado inadmitió la querella de Vox por malversación contra Gómez. Por su parte, la defensa de la esposa del presidente, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, alegó que no existen indicios para acusarla de malversación y subrayó que Gómez, como «particular», no puede ser considerada funcionaria pública a efectos de este delito.
El juez ya ha involucrado directamente a Pedro Sánchez en la investigación. En julio de 2024 se desplazó con una comisión judicial a La Moncloa para interrogarle como testigo. El presidente, no obstante, se acogió a su derecho a no declarar en relación con su esposa. Aquella actuación fue calificada por la Abogacía del Estado como una «causa universal» contra Gómez, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó posteriormente la querella, reprochando la falta de fundamento de los demandantes.
