El juez Juan Carlos Peinado ha reclamado a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que entregue al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid copia de todos los correos electrónicos enviados y recibidos por la cuenta oficial asignada a Begoña Gómez desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Todo el material será remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su análisis.
En la providencia, a la que ha tenido acceso La Razón, el magistrado también solicita información sobre la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, incluyendo el listado de las personas que han ocupado la Secretaría General de Presidencia desde el 11 de julio de 2018, fecha en que Álvarez fue nombrada directora de programas del Gabinete de Presidencia.
Peinado pide además que se detalle quiénes autorizaron y ordenaron las retribuciones percibidas por Álvarez desde su nombramiento hasta hoy. Cabe recordar que el juez imputó tanto a Álvarez como a Gómez un delito de malversación de caudales públicos por las gestiones privadas realizadas desde la estructura de Presidencia.
El magistrado citó a Álvarez el 10 de septiembre y a Begoña Gómez inicialmente el día 11, aunque la comparecencia de la esposa del presidente del Gobierno ha sido reprogramada para el mismo día 10 a las 12.00 horas, a petición de su abogado.
El pasado 18 de agosto Peinado imputó formalmente a ambas por malversación, tras meses investigando las gestiones de la asesora de Moncloa. La decisión se apoyó en una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó centrar la investigación en si Álvarez «se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas» para favorecer los intereses privados de Gómez.
La investigación ha revelado que Álvarez, en su calidad de asistente de la mujer de Sánchez, debía limitarse a tareas de agenda, correo y protocolo. Sin embargo, en el sumario constan correos relacionados con la cátedra y el máster de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
En algunos de esos mensajes, Álvarez llegó a presentarse como «colaboradora» de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), e incluso pidió a patronos que mantuvieran su financiación. También consta la declaración del exvicerrector Juan Carlos Doadrio, quien señaló que trató con Gómez y Álvarez sobre los honorarios del máster.
Según la Audiencia Provincial, existen «datos indiciarios suficientes» de que las gestiones podrían vincularse también con empresas del Grupo Barrabés, lo que supondría una clara desviación de los recursos públicos puestos al servicio de intereses privados.
Los magistrados destacaron igualmente la amistad personal entre Álvarez y Gómez, que habría motivado el nombramiento de la primera tras la llegada del PSOE al Gobierno. Esto podría haber supuesto «una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados», ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder como la Presidencia del Gobierno.
