El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, ha dado un paso inédito contra la campaña de ataques y presiones lanzada desde el Gobierno y su entorno mediático. El magistrado ha presentado varias demandas de conciliación por injurias y calumnias contra políticos y tertulianos que lo han acusado públicamente de «prevaricar» o de actuar con fines políticos.

Entre los señalados figuran el ministro de Transportes, Óscar Puente, los periodistas Antón Losada y Ernesto Ekaizer, y el exvicepresidente Pablo Iglesias, que en un programa de TVE llegó a afirmar que Peinado «es un prevaricador».

Según fuentes jurídicas, Peinado ha decidido actuar ahora para evitar la prescripción de estos comentarios, que considera un ataque intolerable a su independencia y a la labor jurisdiccional. El movimiento abre la puerta a futuras acciones civiles o penales.

Desde que abrió diligencias contra la mujer del presidente, el juez ha sufrido un bombardeo constante de descalificaciones. El propio Pedro Sánchez insinuó que actuaba fuera de la ley y por motivos políticos. La vicepresidenta Yolanda Díaz tachó su instrucción de “anómala”, mientras la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lo acusó de “pedalear en la nada” para desgastar al Ejecutivo.

A ello se suman las denuncias políticas: el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó quejas ante el Consejo General del Poder Judicial, y el propio presidente llegó a registrar una denuncia por prevaricación contra Peinado, archivada por falta de fundamento.

En sus demandas, el magistrado también recoge declaraciones de tertulianos como Losada, quien aseguró en televisión que Peinado estaba «a milésimas de segundo de incurrir en prevaricación», o de Ekaizer, que afirmó que el juez «alardeaba de querer acabar con Sánchez en su grupito de la hípica».

Este movimiento recuerda a la acción reciente del juez Manuel García Castellón, que demandó a Ione Belarra por acusarlo de corrupto y prevaricador. Con su decisión, Peinado envía un mensaje claro: no tolerará que la justicia sea arrastrada por la propaganda del Gobierno ni por la difamación mediática.