El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado a la UDEF elaborar un informe exhaustivo sobre la evolución del capital social de Plus Ultra desde su creación en 2011. La investigación busca determinar el peso real de la inversión venezolana en la aerolínea y su posible incidencia cuando el Gobierno aprobó el rescate de 53 millones de euros en marzo de 2021.

Según la información publicada por La Razón, la Fiscalía Anticorrupción considera relevante reconstruir toda la huella accionarial de la compañía para precisar qué cambios se produjeron en el capital y quiénes fueron sus socios a lo largo del tiempo. La UDEF ya habría detectado que, a partir de 2017, Plus Ultra pasó a estar controlada por capital venezolano.

Entre los nombres señalados por el Ministerio Público figuran el empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa y Rodolfo Reyes, además de María Aurora López, Héctor Antonio Tobía y Flavio Borquez. También aparecen mencionadas otras personas con cargos de responsabilidad o vínculos financieros con la aerolínea, como Raif El Arigie Harbie y Alcides José Carrión.

La Fiscalía ha pedido además que se analice la historia registral completa de la empresa para conocer los desembolsos efectivos, la evolución de la propiedad y cualquier aspecto de su financiación que pueda ser relevante. El caso forma parte de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra y sobre el posible uso de esos fondos públicos en la presunta trama de blanqueo.

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