El Juzgado de Madrid que investigaba una de las ramas del denominado caso «cloacas» ha acordado remitir la causa a la Audiencia Nacional al considerar que los hechos están «indisolublemente unidos» a la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz.
El magistrado Arturo Zamarriego, en un auto fechado el 11 de agosto, sostiene que resulta necesario tramitar una única causa para esclarecer unas diligencias que afectan a la exmilitante socialista Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol.
La resolución va más allá de la cuestión competencial y apunta a la posible existencia de un importante entramado delictivo con posibles responsables de mayor nivel jerárquico que los investigados inicialmente por el juzgado madrileño.
Zamarriego describe la investigación de Pedraz como una causa sobre una supuesta trama integrada por políticos, militantes socialistas, abogados y empresarios que habrían tratado de «desestabilizar» procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
Según el auto, la documentación intervenida permitiría apuntar a que Díez habría contado con el impulso y soporte intelectual y/o financiero de Santos Cerdán cuando este era secretario de Organización del PSOE. El magistrado recoge además la hipótesis de que sus servicios hubieran sido remunerados con fondos del partido.
La resolución sitúa también en el circuito económico a Gaspar Zarrías y a los abogados del PSOE Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, cuyas sociedades habrían servido, según la investigación, para canalizar pagos. Asimismo, menciona a Ana María Fuentes Pacheco, gerente de la Secretaría de Organización socialista.
Díez habría ofrecido presuntamente a funcionarios de la Guardia Civil y del Ministerio Fiscal «remuneraciones o favores» a cambio de información o actuaciones dirigidas a interferir en determinadas investigaciones.
Zamarriego considera que la causa madrileña, centrada en presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, no puede separarse de la investigación principal de Pedraz. El objetivo atribuido a las maniobras habría sido neutralizar las investigaciones de la UCO sobre dirigentes socialistas.
El juez destaca que la unificación permitirá determinar la titularidad y recorrido del dinero recibido por Díez y facilitará una investigación «más ágil y en mejores condiciones».
