El juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha quedado este martes visto para sentencia tras siete sesiones, decenas de testigos y las declaraciones de los acusados, que sólo respondieron a sus abogados.

El proceso ha concluido después de dos jornadas dedicadas a los informes finales de las acusaciones, la Fiscalía y las defensas, que elevaron sus conclusiones definitivas ante el tribunal. La Fiscalía mantuvo su petición de absolución para todos los acusados, mientras que la mayoría de las acusaciones populares endurecieron de forma notable sus solicitudes de condena contra los principales investigados.

El caso pivota sobre tres ejes: el presunto amaño de una plaza pública en la Diputación de Badajoz para el hermano de Pedro Sánchez entre 2016 y 2017; la modificación del nombre del puesto en 2022, que las acusaciones atribuyen a un intento de adaptarlo a las preferencias personales de David Sánchez; y la incorporación a la institución provincial de Luis Carrero, asesor de Moncloa y amigo del hermano del presidente del Gobierno, que fue el único aspirante que se presentó a la plaza.

En el derecho a la última palabra, David Sánchez declinó intervenir. Sí lo hizo el expresidente de la Diputación pacense y exlíder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, para quien las acusaciones piden hasta cuatro años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Gallardo sostuvo que «la única culpabilidad» de los once acusados es «no tener las mismas ideas» que las acusaciones populares, entre las que figuran el PP, VOX y HazteOír.

El dirigente socialista afirmó que las acusaciones no habían tenido interés en lo sucedido en la sala y que sólo habían buscado «el juicio mediático paralelo». «Han ganado el juicio socialmente«, añadió. Su intervención resumió la línea seguida por las defensas durante todo el proceso: que no existe caso y que la acusación se ha construido sobre un relato político y mediático.

Especialmente duro fue este lunes el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, que sostuvo que el procedimiento «parte de una denuncia con recortes que para la España cañí es muy sugerente». La denuncia original fue presentada por Manos Limpias a partir de informaciones publicadas en la prensa. El letrado defendió la relevancia de la fase de conclusiones finales porque, según dijo, es un momento de «intimidad» entre abogados y tribunal.

«Cuando se tecnifica el debate, es cuando pierde agua y se acabaron las conjeturas, las filtraciones interesadas, incluso las ganas de tumbar a un gobierno», afirmó Cortés, que acusó a las acusaciones de haber construido un relato en el que parecía que su cliente «mató a Manolete».

Las acusaciones populares, por el contrario, han visto reforzada su tesis tras la práctica de la prueba. PP y HazteOír presentaron nuevos escritos que elevaron de forma considerable sus peticiones de pena. En el caso de David Sánchez, pasaron de solicitar tres años de cárcel a pedir seis. Para Miguel Ángel Gallardo, la petición subió de tres a cuatro años. Para Luis Carrero, amigo del hermano del presidente del Gobierno, las solicitudes oscilan entre un año y seis meses y dos años de prisión.

Las defensas y la Fiscalía protestaron por esa modificación y denunciaron que las acusaciones introducían elementos nuevos no debatidos durante el juicio. Llegaron a pedir al tribunal que rechazara el incremento de penas, pero los jueces desestimaron sus argumentos.

El juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz ha coincidido además con el levantamiento parcial del secreto del sumario que investiga la presunta red atribuida a Leire Díez, vinculada al PSOE, acusada de maniobrar para neutralizar los escándalos de corrupción que afectan al entorno de Pedro Sánchez. Entre esos asuntos aparece precisamente el caso del hermano del presidente, según la documentación intervenida a la exmilitante socialista.

Las acusaciones aprovecharon sus conclusiones finales para subrayar los ataques que sufrió la jueza de Badajoz que investigó el caso, Beatriz Biedma, a la que trataron de desacreditar durante la instrucción. También reprocharon a la Fiscalía su decisión de no acusar en este procedimiento.

«Tendría órdenes de P.S.«, manifestó la representante de VOX, en alusión a las anotaciones halladas en las agendas de Leire Díez, en las que presuntamente se menciona al presidente del Gobierno. Las acusaciones también pusieron el foco en las presuntas presiones recibidas por investigadores de la UCO para que se mantuvieran al margen.

El abogado del PP, Alberto Durán, resumió esa tesis con una pregunta dirigida al tribunal: «Si la adjudicación de la plaza al hermano de Pedro Sánchez fue correcta, ¿para qué quisieron boicotear la investigación?».

El caso queda ahora pendiente de sentencia. El tribunal deberá decidir si la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz respondió a un procedimiento regular, como sostienen las defensas y la Fiscalía, o si existió una plaza diseñada a medida para el hermano del presidente del Gobierno, como mantienen las acusaciones populares.