El Ministerio de Hacienda, dirigido por la ministra María Jesús Montero, autorizó a finales de 2022 una subvención pública de casi tres millones de euros a Forestalia, empresa que hoy se encuentra bajo el foco de la Guardia Civil tras un registro practicado en su sede por su presunta vinculación con Servinabar, la sociedad del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La ayuda figura en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y se encuadra en el programa estatal de Incentivos Regionales para la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales, uno de los instrumentos históricos del Estado para impulsar inversiones en zonas consideradas estratégicas, detalla Vozpópuli. Se trata de una de las líneas de financiación pública más relevantes por volumen y alcance.

La resolución administrativa, fechada el 14 de diciembre de 2022, deja constancia de que la aportación se concedió como “Subvención y entrega dineraria sin contraprestación”, es decir, fondos públicos directos sin obligación de devolución. El expediente fue tramitado por la Dirección General de Fondos Europeos, el organismo encargado de evaluar grandes proyectos industriales y energéticos que, sobre el papel, deben contribuir al reequilibrio territorial.

La cuantía concedida asciende exactamente a 2.799.999,80 euros, entregados de forma directa. En condiciones normales, este tipo de ayudas se justifican por su impacto económico, la creación de empleo o su aportación a los objetivos oficiales de transición energética. Sin embargo, la documentación pública no concreta el proyecto específico al que debía destinarse la financiación.

Un expediente que habría pasado inadvertido entre miles de resoluciones administrativas ha adquirido ahora una dimensión política y judicial tras el registro realizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en las instalaciones de Forestalia en Zaragoza. La actuación se enmarca en la investigación que dirige el magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, bajo secreto de sumario.

La operación ya se ha saldado con dos detenciones: la ex militante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, ambos investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos. En esta fase, los agentes centran sus pesquisas en empresas con supuestos vínculos con Servinabar, propiedad de Santos Cerdán. Forestalia aparece en ese entorno por posibles relaciones empresariales o contractuales con dicha sociedad.

Por el momento, la UCO no prevé nuevas detenciones, aunque la investigación sigue abierta bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción.

La subvención concedida por Hacienda cobra especial relevancia por su volumen, ya que sitúa a Forestalia entre los mayores perceptores individuales de esta línea de incentivos en 2022. El programa de Incentivos Regionales, regulado por un real decreto de 1986, suele reservarse para inversiones que prometen alterar de forma sustancial la estructura económica de un territorio, generar empleo estable y atraer actividad industrial de gran escala.

Forestalia es un actor destacado en el sector energético aragonés. Fundada en 1964 por el empresario Fernando Samper, la compañía experimentó un crecimiento notable a partir de 2016, cuando logró adjudicarse 300 megavatios eólicos y 208 megavatios de biomasa en Aragón, dejando fuera a las grandes eléctricas en esos concursos. En apenas tres años pasó de operar como empresa regional a consolidarse como uno de los grupos de referencia en el ámbito de las renovables en España.

En los últimos ejercicios, el grupo ha iniciado un giro estratégico hacia la economía digital. Su principal apuesta es el proyecto “Búfalo”, una inversión anunciada de más de 12.000 millones de euros para la instalación de centros de procesamiento de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén. Según la compañía, la mitad del consumo energético procederá de autoconsumo renovable generado por parques propios en Aragón. Forestalia también aspira a suministrar energía a la futura gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas.

Ese crecimiento acelerado y su papel como nodo de grandes operaciones industriales explican su encaje dentro del sistema de incentivos regionales. Sin embargo, el registro policial y su aparición en una investigación vinculada al entorno empresarial de Santos Cerdán abren un frente que amenaza con erosionar su posición en la política energética española y el uso de fondos públicos.