El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha enviado una carta a las asociaciones de jueces y fiscales que llevaron a cabo una huelga entre el 1 y el 3 de julio, en protesta contra la reforma del Gobierno sobre el acceso a ambas profesiones. En la misiva, se les ha solicitado proporcionar un «listado verificado» con los nombres de los profesionales que no trabajaron durante esos días para proceder a descontarles el salario correspondiente.
Esta comunicación se produce tras la declaración de varias asociaciones judiciales y fiscales, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que reafirmaron que es responsabilidad del Ministerio de Justicia aplicar la deducción salarial. Estas agrupaciones criticaron que no hacerlo sería un «ejercicio propagandístico y manipulador».
Los jueces y fiscales emitieron estas declaraciones luego de que el Ministerio de Justicia afirmara que sólo un juez y 28 fiscales habían notificado formalmente su participación en la huelga, renunciando por ello a su remuneración. No obstante, las asociaciones han subrayado que es potestad del Ministerio descontar los sueldos «en su condición de empleador y pagador».
En respuesta, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha señalado que»«el Ministerio es el órgano pagador, pero no el empleador» de jueces y fiscales, lo que implica que no tiene autoridad directa sobre ellos. Por ello, ha explicado que «no existen mecanismos autónomos para identificar con certeza y de forma oficial a quienes participaron en la huelga».
