El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, podría acabar sentado ante un juzgado ordinario por sus acusaciones contra el excapitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, a quien vinculó públicamente con supuestas amenazas contra la vida de Pedro Sánchez. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid considera que el procedimiento civil impulsado por el antiguo agente debe tramitarse en un juzgado madrileño y no ante el Tribunal Supremo, pese a la condición de aforado del dirigente socialista.

El origen del enfrentamiento judicial se encuentra en unas conversaciones de WhatsApp difundidas por el periódico El Plural, en las que se hacía referencia a una supuesta «bomba lapa». La publicación omitió tres fragmentos que, según la información difundida posteriormente por otros medios, modificaban sustancialmente el significado de los mensajes intercambiados entre Bonilla y su confidente José Luis Caramés. A partir de aquella información, López acusó al exguardia civil de realizar comentarios relacionados con un posible atentado contra el presidente del Gobierno.

Lejos de limitarse a sus intervenciones en redes sociales, el secretario general del PSOE madrileño reclamó públicamente a Isabel Díaz Ayuso la destitución de Bonilla, que desempeñaba funciones en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Durante un acto político celebrado el 1 de junio de 2025, el ministro sostuvo que resultaba inadmisible que un trabajador de la Administración autonómica estuviera «fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno». Posteriormente reiteró su exigencia de cese a través de su cuenta de X.

Las acusaciones llevaron al antiguo responsable del departamento de fuentes de la UCO a presentar una demanda contra López el pasado mayo. Bonilla reclama una indemnización de 350.000 euros por una presunta vulneración de su derecho al honor, al considerar que las declaraciones del ministro dañaron gravemente su reputación profesional y personal. El escrito judicial recoge cuatro intervenciones públicas del dirigente socialista, algunas de ellas posteriores a la aparición de informaciones que cuestionaban la interpretación inicial de las conversaciones.

La Fiscalía rechaza trasladar el procedimiento al Supremo

La principal novedad del caso reside en el posicionamiento del Ministerio Público. Según ha publicado ABC, la fiscal María Ángeles León Palomares ha respaldado el recurso presentado por Bonilla contra la decisión de remitir el asunto al Tribunal Supremo. Su argumento es que las declaraciones denunciadas no guardaban relación directa con las responsabilidades institucionales de López, puesto que fueron pronunciadas durante actos del PSOE o difundidas mediante sus perfiles personales en redes sociales.

La representante de la Fiscalía sostiene que el aforamiento no debería convertir al Supremo en el tribunal encargado de resolver cualquier reclamación civil contra un ministro por sus manifestaciones ajenas al ejercicio de sus funciones. Por ello, entiende que el Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid debe conservar la competencia para examinar la demanda. Se trata, por el momento, de un criterio del Ministerio Público, no de una resolución judicial definitiva sobre qué órgano celebrará el procedimiento.

El ministro, por su parte, rechazó retirar sus afirmaciones incluso después de que se cuestionara la información original. En una entrevista concedida a Onda Cero defendió sus declaraciones, negó haber acusado directamente a Bonilla de querer colocar una bomba lapa y mantuvo que el contenido de los mensajes justificaba su denuncia pública. También aseguró que continuaría reclamando su destitución.

Bonilla también reclama 390.000 euros a El Plural

La controversia judicial se extiende al periódico que publicó inicialmente las conversaciones. El excapitán de la UCO exige otros 390.000 euros a El Plural por los perjuicios que considera derivados de aquella información, que el medio no rectificó pese a las posteriores revelaciones sobre el contenido íntegro de los mensajes.

El pasado 7 de octubre se celebró una audiencia previa dentro de este segundo procedimiento. La magistrada señaló el próximo 13 de enero como fecha prevista para el juicio, aunque dejó abierta la posibilidad de que ambas partes alcanzaran previamente un acuerdo.

De acuerdo con las fuentes judiciales citadas por ABC, la fiscal Marta Columna recomendó a los demandados buscar una solución pactada para evitar la celebración de la vista. Este segundo litigio continúa pendiente de resolución, mientras que el procedimiento contra Óscar López se encuentra condicionado por la decisión sobre qué tribunal es competente para estudiarlo.