La red de carreteras españolas atraviesa una de las peores crisis de conservación de las últimas décadas. La falta de mantenimiento acumulada durante años ha dejado miles de kilómetros con baches, socavones, grietas y deformaciones que afectan de lleno a la seguridad vial, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez aplaza hasta 2027 el grueso de su plan extraordinario de reparación.

El Ministerio de Transportes, dirigido por el ministro Óscar Puente, anunció en abril una inversión de 1.629 millones de euros para mejorar el firme de más de 5.000 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado. La primera fase, sin embargo, se desarrollará entre 2027 y 2031, lo que deja otro año de espera para unos conductores que ya circulan a diario por tramos deteriorados.

El problema no afecta sólo a la comodidad de la conducción. El estado de las carreteras es uno de los tres pilares básicos de la seguridad vial, junto al vehículo y al conductor. Un firme degradado aumenta el riesgo de reventones, pérdida de adherencia, maniobras bruscas y accidentes, especialmente en vías rápidas y en carriles sometidos al paso constante de camiones.

España cuenta con unos 165.000 kilómetros de carreteras, cuya titularidad se reparte entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. La red estatal representa alrededor de 25.000 kilómetros, pero soporta cerca del 60% del tráfico rodado del país. Es, por tanto, la parte más estratégica del sistema viario y la que concentra buena parte del tránsito de mercancías y desplazamientos diarios.

El deterioro se arrastra desde la crisis iniciada en 2007, cuando las partidas destinadas a conservación comenzaron a reducirse de forma drástica. Durante años se invirtió lo mínimo para mantener las vías operativas, sin ejecutar con la regularidad necesaria las actuaciones preventivas que evitan que el daño superficial alcance la estructura de la carretera.

El resultado ha quedado a la vista tras los últimos inviernos. Las lluvias y los temporales han levantado la capa superficial del asfalto en numerosos tramos. La «piel» de la carretera ha cedido y han aparecido baches, socavones y agujeros que obligan a muchos conductores a esquivar desperfectos de forma constante.

La Asociación Española de la Carretera ha advertido de que la red nacional se encuentra en el peor momento de su historia reciente. Su último estudio cifra en más de 13.000 millones de euros la inversión necesaria para corregir las deficiencias y señala que más de la mitad de la red analizada presenta deterioros graves o muy graves.

El daño ya no se limita al pavimento superficial. En determinados tramos, el deterioro ha alcanzado capas más profundas del firme. Eso explica la aparición de roderas en el carril derecho, provocadas por el peso continuado de los camiones. Ante esa situación, muchos conductores optan por circular de forma permanente por el carril izquierdo para evitar zonas hundidas o deformadas.

La respuesta del Gobierno llega tarde y con un calendario largo. El propio ministro Óscar Puente justificó el plan con una apelación a la selección de prioridades: «No se trata de repartir actuaciones de forma uniforme. Se trata de priorizar y actuar primero donde el deterioro es mayor».

Mientras llega esa inversión, el Ejecutivo recurrirá este año a actuaciones puntuales en los tramos más dañados. En la práctica, serán microinversiones para tapar baches y parchear socavones en las zonas más urgentes, sin resolver el problema de fondo de una red castigada por años de falta de conservación.

El conflicto político es evidente: el Gobierno admite ahora la necesidad de un plan extraordinario, pero lo sitúa a partir de 2027, después de años de deterioro visible en una infraestructura esencial para la economía, la movilidad y la seguridad de los españoles. Hasta entonces, millones de conductores seguirán circulando por carreteras que la propia evidencia técnica describe como gravemente degradadas.