Los sindicatos UGT y CCOO han acordado la convocatoria de una huelga general este otoño para reclamar a la oposición mejoras salariales y facilitar el acceso a la vivienda. La decisión llega en un contexto de enfrentamiento con VOX por la financiación pública de las centrales sindicales: los acuerdos de gobierno de esta formación con el PP han impulsado recortes que alcanzan el 50% en determinadas subvenciones, aunque su aplicación y alcance varían entre comunidades.
Extremadura ofrece uno de los ejemplos de reducción ya incorporada a las cuentas autonómicas. Los presupuestos de 2026, aprobados en julio por PP y VOX, recogen un recorte del 50% en las subvenciones nominativas de participación institucional de los agentes sociales. La Junta fijó una dotación de 284.850 euros para cada una de las cuatro organizaciones más representativas. La medida afecta a esta vía de financiación, no a todas las ayudas públicas que puedan recibir los sindicatos para otras actividades.
En Aragón, el Ejecutivo de coalición ha establecido una aplicación escalonada: un 15% de reducción en 2026 y un 50% desde 2027 en las aportaciones por participación institucional. Sobre una asignación de referencia de 325.000 euros anuales para cada organización, el primer ajuste supone 48.750 euros menos por sindicato. En Andalucía, el vicepresidente segundo, Manuel Gavira, ha anunciado también una rebaja del 50% para los presupuestos de 2027. El recorte previsto ronda los 3,5 millones de euros entre UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía, por lo que esa cifra incluye a la patronal.
La disputa tiene un recorrido más largo en Castilla y León. En 2023, la Junta anunció que reduciría a la mitad la partida global de participación institucional de sindicatos y empresarios, pero las reclamaciones judiciales de las centrales dieron lugar a sentencias favorables al cobro de cantidades que habían dejado de percibir. Ahora, PP y Vox han respaldado una nueva propuesta para 2027: un recorte del 30% en determinadas partidas del Consejo Económico y Social destinadas a sindicatos, patronal y organizaciones agrarias. La medida forma parte de la propuesta presupuestaria aprobada por la Mesa de las Cortes y no representa una reducción equivalente de toda la financiación sindical.
La presión sobre estas ayudas se extiende a la Comunidad Valenciana, donde VOX ha negociado los presupuestos con el PP desde el Parlamento autonómico. Las cuentas de 2025 recortaron 210.000 euros a cada sindicato y, en julio de 2026, ambas formaciones acordaron retirar otros 50.000 euros a UGT y otros tantos a CCOO de las ayudas para impulsar planes de igualdad. Este último acuerdo fue más limitado que la pretensión anunciada por Vox de alcanzar una reducción del 50%.
Estas decisiones sitúan la financiación sindical entre los asuntos que enfrentan a UGT y CCOO con el partido de Santiago Abascal y les hace temer por su futuro en caso de que la izquierda y la extrema izquierda no revaliden mandato. En su comunicado, las centrales justifican el paro por la crisis de vivienda y los salarios, e interpelan a las administraciones competentes y a las organizaciones empresariales.
