El musulmán ceutí detenido por alojar ilegalmente a 74 inmigrantes en una vivienda del barrio de El Príncipe también está acusado de someter a varios de ellos a condiciones de explotación laboral, utilizar un perro para intimidarlos y obtener importantes beneficios económicos aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. El individuo, que ya ha ingresado en prisión provisional, cobraba entre 10 y 20 euros por noche a los extranjeros que habían llegado a Ceuta durante la entrada masiva registrada los pasados 30 y 31 de julio por la frontera de El Tarajal.

La Policía Nacional ha descubierto que el sospechoso podía ingresar más de 1.000 euros diarios mediante el alojamiento de inmigrantes en condiciones extremadamente precarias. El inmueble, distribuido en dos plantas y acompañado de varias construcciones improvisadas, apenas disponía de instalaciones sanitarias. Las 74 personas que se hacinaban en su interior tenían que compartir un único cuarto de baño, que ni siquiera contaba con ducha.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), después de varias semanas de investigaciones y seguimientos en una de las barriadas más conflictivas de la ciudad autónoma. Los policías accedieron a la propiedad durante la madrugada del pasado martes, alrededor de las siete, con autorización judicial y en coordinación con la Fiscalía.

En el interior encontraron a decenas de inmigrantes durmiendo sobre mantas y sacos, sin apenas espacio y rodeados de suciedad. Muchos continuaban utilizando la misma ropa con la que recorrían diariamente las calles de Ceuta en busca de alimentos y recursos para subsistir. La mayoría permanecía fuera de la vivienda durante el día y regresaba pasada la medianoche para pasar unas horas bajo techo.

El propietario había establecido diferentes tarifas según las condiciones del alojamiento. Quienes conseguían dormir dentro de la casa debían abonar 20 euros por noche, mientras que los que ocupaban los barracones exteriores, parcialmente abiertos y expuestos a las bajas temperaturas, pagaban 10 euros. Existía, además, otra posibilidad para reducir el coste: trabajar para el propio dueño en obras vinculadas a sus actividades.

Según las declaraciones recogidas por los investigadores, varios inmigrantes realizaban trabajos de construcción sin percibir un salario y recibiendo únicamente un bocadillo como compensación, además de una rebaja en el precio del alojamiento. Entre las víctimas se encontraban menores de edad, cuyos testimonios han contribuido a esclarecer las presuntas prácticas de explotación. Algunos también denunciaron amenazas y agresiones por parte del perro que custodiaba la finca, llegando a presentar heridas por mordeduras.

Los agentes comprobaron igualmente que el detenido disfrutaba de unas condiciones de vida muy diferentes a las del resto de ocupantes. Mientras decenas de personas se amontonaban en habitaciones insalubres, el propietario disponía de su propio dormitorio, que compartía con una de las inmigrantes alojadas en la vivienda. Según la información policial difundida, a esta mujer no le exigía el pago de las cantidades que reclamaba a los demás residentes.

La investigación también apunta a que el sospechoso pretendía ampliar su negocio facilitando presuntamente el traslado irregular de inmigrantes a la Península. Los agentes consideran que trataba de aprovechar la situación de quienes permanecían en Ceuta sin documentación suficiente y buscaban distintas alternativas para abandonar la ciudad autónoma.

Este operativo se enmarca en las actuaciones policiales contra las redes que obtienen beneficios económicos de la presencia de inmigrantes en Ceuta. En otra intervención reciente, las autoridades detuvieron a 40 extranjeros que supuestamente intentaban viajar en ferry utilizando documentación facilitada por terceros a cambio de importantes cantidades de dinero. También fueron arrestados cinco ceutíes relacionados con esta actividad.

El propietario de la vivienda de El Príncipe permanece en prisión provisional mientras se investigan presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de explotación de menores, entre otras posibles responsabilidades penales. La Policía Nacional continúa examinando las actividades desarrolladas en el inmueble y las circunstancias en las que permanecían las personas alojadas.