En Canarias se repite un fraude que ya es conocido: adultos que se hacen pasar por menores ilegales para acceder a un sistema de protección saturado y costoso. Lo nuevo no es el engaño, sino la magnitud del problema y el papel del Estado, cuya falta de control inicial permite que se consolide un negocio en el que ganan las mafias que instruyen a los ilegales y las ONG que cobran por cada plaza ocupada.

Los servicios sociales de Canarias confirman que . Este fraude se traduce en decenas de miles de euros de gasto por cada falso menor, en unos centros que ya superan los 5.000 acogidos y que están al borde del colapso.

El mecanismo es sencillo: basta con llegar «indocumentado» y declararse menor de edad. Con esa estrategia, los inmigrantes acceden automáticamente a un régimen de privilegios —no pueden ser expulsados y pueden pedir la residencia al cumplir 18—. Todo ello bajo las directrices de las mafias que operan desde Marruecos y Argelia, que enseñan cómo burlar el sistema español.

El Gobierno de Fernando Clavijo reclama ahora al Ejecutivo central que se impongan pruebas óseas antes de derivar a Canarias la tutela de quienes aseguran ser menores. Fuentes de la consejería autonómica de Bienestar Social advierten de que este filtro permitiría liberar plazas y evitar que adultos se mezclen con niños en los centros de acogida.

Los casos recientes lo demuestran. Un supuesto menor llegado a Lanzarote en septiembre iba a ser trasladado a Extremadura en el marco del decreto de contingencia migratoria. Sin embargo, la comunidad pidió una prueba de edad y se descubrió que tenía 19 años. Su reubicación quedó paralizada.

Mientras tanto, las ONG implicadas en la gestión de estos falsos menores callan ante las irregularidades, porque cada plaza les reporta ingresos. Y el Gobierno de Sánchez, lejos de frenar el coladero, lo perpetúa.