El organismo que filtra los antecedentes penales de los inmigrantes ilegales que quieren «regularizar» su situación, CETSE, lleva caído desde el 10 de diciembre, según denunció el vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, José María Vallejo, en el programa televisivo Horizonte. La caída del sistema, que afecta a la base de datos utilizada para comprobar historiales y antecedentes en procesos de extranjería, ha encendido la alarma entre agentes y expertos en seguridad.

De acuerdo con estas denuncias, la base informática —conocida en el ámbito policial como Alextra— es fundamental para verificar si una persona que solicita la regularización cumple los requisitos legales. Entre ellos, comprobar si tiene antecedentes penales, conductas delictivas o si representa un riesgo para la seguridad. Sin ese filtro, los expedientes no pueden tramitarse con normalidad ni emitirse informes en tiempo y forma.

Vallejo aseguró que los problemas técnicos comenzaron en diciembre de 2025 y que los funcionarios de Extranjería llevan meses advirtiendo de la situación sin que, según su versión, se haya producido una solución definitiva. Según explicó, los datos introducidos en el sistema quedan bloqueados y pendientes de validación, lo que ha generado retrasos y un colapso en la tramitación de expedientes de residencia y trabajo.

La polémica ha aumentado al coincidir esta situación con el impulso político de una regularización extraordinaria de inmigrantes en situación ilegal. El proceso, que previsiblemente afectará a cientos de miles de personas, exige la verificación de antecedentes y de la permanencia en España durante determinados periodos. Sin embargo, desde el ámbito policial se advierte de que la caída del sistema dificulta estas comprobaciones.

Según la intervención televisiva, la falta de operatividad de la base de datos obligaría en algunos casos a recurrir a mecanismos alternativos, como declaraciones responsables del propio solicitante o documentos emitidos por consulados extranjeros. Esto ha generado preocupación entre algunos agentes, que cuestionan la fiabilidad de estos procedimientos y la capacidad real de control en un contexto de elevada carga de trabajo.

El representante de la asociación policial también alertó del impacto que la regularización podría tener en las unidades de Extranjería, ya de por sí saturadas por la falta de medios humanos y materiales. A su juicio, la combinación de un proceso masivo con fallos tecnológicos puede multiplicar la presión sobre los funcionarios y retrasar aún más la gestión administrativa.

Por el momento, el Gobierno no ha ofrecido detalles públicos sobre el estado del sistema ni sobre las medidas adoptadas para garantizar el correcto funcionamiento de los controles. Desde el Ministerio competente se insiste en que los procedimientos cuentan con garantías y que los filtros de seguridad continúan activos.

El asunto ha abierto un debate político y social sobre la capacidad de las instituciones para gestionar procesos de regularización de gran escala y sobre el equilibrio entre control, derechos y seguridad. Mientras tanto, asociaciones profesionales y sindicatos reclaman una auditoría técnica urgente, refuerzos de personal y transparencia sobre el funcionamiento de las herramientas clave para la verificación de antecedentes.