
Eastside es el gran agujero territorial del nuevo acuerdo sobre Gibraltar. La macrourbanización con la que el Peñón avanza sobre aguas españolas no aparece en ninguna de las 1.018 páginas del tratado firmado el pasado 14 de julio entre la Unión Europea y el Reino Unido. El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por apartar el proyecto de la negociación pese a haberlo definido como una «violación de la soberanía y de la integridad territorial de España».
El pacto aborda la desaparición de los controles en la Verja y redefine las relaciones fronterizas tras el Brexit, pero guarda silencio sobre una ampliación física de Gibraltar que continúa ejecutándose. Mientras Moncloa presenta el entendimiento como un éxito diplomático, grúas y camiones siguen depositando piedra sobre más de 15 hectáreas de mar reclamadas por España.
Eastside no es una actuación urbanística menor. El proyecto, adjudicado en 2021 por el Gobierno gibraltareño de Fabian Picardo al grupo TNG Global Foundation, prevé una inversión de 330 millones de libras, algo más de 390 millones de euros.
La promoción contempla 1.400 viviendas, un puerto deportivo con espacio para megayates, 400 amarres para pequeñas embarcaciones, dos grandes muros de contención y un aparcamiento para 500 vehículos. Sólo un centenar de los inmuebles previstos tendrá precios calificados como asequibles.
El plan director recibió el permiso inicial de construcción en agosto de 2022. Desde entonces, las obras han avanzado mediante el vertido constante de rocas sobre el fondo marino. Parte de los materiales procede de una cantera situada en Casares, en Málaga.
Gibraltar utiliza de este modo piedra extraída en España para ganar superficie sobre aguas españolas. El Gobierno protesta por escrito ante Londres, pero no ha conseguido paralizar los rellenos ni ha incorporado ninguna condición sobre Eastside al principal acuerdo negociado con el Reino Unido desde el Brexit.
La actuación permite al Peñón convertir una disputa jurídica en una política de hechos consumados. Cada nueva tonelada depositada en el mar hace más difícil revertir la ampliación. Cuando los edificios estén terminados y las viviendas ocupadas, España no se enfrentará sólo a una reclamación territorial, sino a una nueva realidad urbana y económica consolidada.
Eastside no figura en ningún apartado del tratado. El Gobierno gibraltareño sostiene que existen numerosos asuntos que no podían ser desarrollados en detalle y presenta los rellenos como uno de ellos.
La explicación evita la cuestión fundamental. El proyecto se encuentra precisamente en el centro de la disputa sobre las aguas que rodean el Peñón. No incluirlo equivale a aceptar que Gibraltar pueda beneficiarse del nuevo marco político y económico mientras deja sin resolver una actuación que España considera contraria a su soberanía.
Madrid tampoco ha logrado establecer un mecanismo de vigilancia, una comisión específica, un calendario de negociación o unas garantías ambientales vinculantes. El asunto queda relegado a posibles acuerdos administrativos posteriores, sin que exista una fecha ni obligaciones concretas.
El Gobierno podrá alegar que no ha renunciado formalmente a las aguas. Sin embargo, la soberanía no se defiende sólo mediante declaraciones y notas verbales. También exige impedir que otro territorio transforme de forma permanente el espacio reivindicado.
La estrategia de Exteriores permite conservar intacto el discurso jurídico, pero no ofrece resultados sobre el terreno. España afirma que las aguas son suyas; Gibraltar construye sobre ellas; y el acuerdo encargado de ordenar la nueva relación evita intervenir.
La reclamación española se apoya en el Tratado de Utrecht de 1713. El artículo X cedió al Reino Unido la ciudad, el castillo, el puerto, las defensas y las fortalezas de Gibraltar. El texto no incluyó el istmo donde posteriormente se construyó el aeropuerto ni reconoció aguas territoriales británicas alrededor del Peñón, más allá de las interiores del puerto de aquella época.
España sostiene por ello que las aguas exteriores no fueron cedidas y rechaza la reclamación británica de tres millas náuticas. Desde la posición oficial de Madrid, Eastside se levanta sobre territorio nacional.
No se trata, por tanto, de una discusión abstracta sobre los límites históricos de Gibraltar. El Peñón está creando suelo urbanizable, levantando edificios y preparando un puerto para megayates dentro de un espacio marítimo que el Ejecutivo español considera propio.
Los rellenos se extienden sobre la Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental, incluida por España en la Red Natura 2000. Este espacio comprende 23.642 hectáreas marinas desde el litoral de La Línea de la Concepción hasta el entorno del Peñón.
España es responsable ante la Unión Europea de garantizar la protección de la zona. Eastside afecta, por tanto, a dos competencias que Madrid considera propias: la soberanía sobre las aguas y la conservación de un espacio natural reconocido por la legislación comunitaria.
La preocupación por Eastside también alcanzó a los tribunales. La Fiscalía de Algeciras abrió diligencias en abril de 2025 y formuló una denuncia al apreciar «indicios racionales de ilícito penal» en los rellenos de la costa oriental de Gibraltar.